Como regalo anticipado de Reyes, ayer llegó a tierras mexicanas el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Lo cual ya se esperaba desde hace tiempo, sin embargo, quedaba la duda de qué pasaría con él una vez pisando cárcel nacional. Pues bien, éste podría ser su triste destino.

Por quebrantar al erario del estado de Quintana Roo por cerca de 900 millones 99 mil pesos, fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron que el exmandatario sea vinculado a proceso. De ser aceptada la solicitud, Borge sería acusado de ser coautor de lavado de dinero, delito que no es grave y, por tanto, no amerita cárcel preventiva… sin embargo, las autoridades la solicitarán, ya que es innegable el riesgo de fuga. ¿Pues no ya se les peló una vez? Ahí está la muestra de qué tan riesgoso sería dejarlo llevar su proceso en libertad.

Para desviar el dinero equivalente al salario de todos los miembros de las fuerzas armadas en 2017, Borge armó todo un plan para la adquisición y venta de terrenos exclusivos (algunos en zonas consideradas patrimonio del Estado). No se puede decir que el plan del exgober haya sido perfecto, ya que además de estar ahora en el bote, podría ver cómo su santa jefecita corre con la misma suerte.

Aunque ya se sabía que la progenitora de Beto Borge estaba dentro del círculo de beneficiados con el remate de terrenos, ahora parece que la cosa va más allá. En la audiencia que protagonizó el exmandatario a su arribo a México, se dio a conocer que Rosa Yolanda Angulo Castilla -nombre que deben pronunciar en caso de querer mentársela al exgober- no fue mera compradora, sino que habría sido una de las artífices de la red de corrupción con la que se logró la venta de predios.

De acuerdo con Reforma, lo anterior deja a la jefecita de Borge como cómplice de la transota con que se consiguió rematar 22 bienes, de los cuales -en total- se reunió sólo el 20.9% de su valor real. De mil 138 millones 889 mil 540 pesos que en verdad cuestan, los terrenitos fueron adquiridos en sólo 238 millones 790 mil 121 pesos. Una diferencia de más de 900 millones, que es el número mágico con el que se acusa a Borge de lavado de dinero.

Otro que salió embarrado en el asunto fue César Celso González, abogado de la familia, así como María Lourdes Pinelo, ex secretaria particular de su padre. No se descarta que sigan apareciendo más personas que necesitarán ser investigadas, ya que para la red de corrupción se crearon “empresas fantasma” -13, para ser específicos- las cuales tenían propietarios (bueno, en realidad prestanombres) que lograron adquirir los terrenos a “precios ínfimos”.