Que el precandidato del PRI a la presidencia se vaya armando otro discurso en el que vuelva a hablar del “profundo dolor” que es para él y el tricolor saber que otro exgobernador los “traicionó” con sus transas… porque en Nayarit se acaba de aprobar abrir juicio político contra el exmandatario Roberto Sandoval, a quien se le acusa del desvío de por lo menos 2 mil millones 700 mil pesos.
De acuerdo con El Universal, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local dio luz verde para ir contra el priista, dos exmiembros de su gabinete y, para rematar, cuatro integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa. El asunto ya se veía venir, ya de desde octubre el grupo “Ciudadanos Promotores de la Comisión de la Verdad” solicitó el proceso contra Sandoval, a quien también se le achaca intervención ilegal en las pasadas elecciones locales, así como enriquecimiento ilícito.
Acuerdan juicio político contra el exgobernador Roberto Sandoval por malversación de recursos https://t.co/wV7lAgtoFi
— Proceso (@revistaproceso) 11 de enero de 2018
Al respecto, el presidente del Congreso local, Leopoldo Domínguez, apuntó que todavía es posible entablar juicio contra el exmandatario, ya que no ha transcurrido un año desde que dejó el cargo, lo cual ocurrió el pasado 19 de septiembre. Por su parte el titular de la Comisión, el panista Javier Mercado, que el juicio no es para quitarle el “mal llamado fuero”, sino para aplicar una sanción administrativa, que podría ser la inhabilitación para ocupar un futuro cargo público…. Uhhh ¿y el bote? En lo que respecta a los magistrados -quienes supuestamente concluirán su función en 2021- serían destituidos.
El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, enfrenta un juicio político por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos https://t.co/QZQBATwuGi pic.twitter.com/1YJpufx3yp
— El Universal (@El_Universal_Mx) 11 de enero de 2018
¿Y ahora qué sigue? Bueno, los expedientes que fueron revisados y aprobados por al Comisión para abrir el proceso pasarán a la comisión instructora. Ésta se encargará de analizar las pruebas y declaraciones de los inculpados, para después, enviar su información a la comisión enjuiciadora, que determinará la procedencia del juicio y echará la bolita para el Congreso… el cual finalmente hará la tarea de un “gran jurado” y decidirá qué hacer con los acusados. Esto último en “sesión secreta”. Buhhhh.