Que la calentadita, el tehuacanazo, los toques y demás artilugios para que alguien saque la sopa sea conocida por todo mundo, tiene una triste raíz.
De acuerdo con la ONU, en México la tortura es el pan nuestro de cada día… pero no sólo eso, se ha dado un incremento del 500% en el uso de la fuerza física como estrategia de “seguridad pública”, así como en el abuso de la fuerza policial contra comunicadores cuando se cubren protestas.
Lo anterior fue señalado por el relator especial de la ONU, Juan Méndez, quien recibió por parte de varias organizaciones como Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y el Instituto para la Seguridad un panorama sobre la situación mexicana en materia de Derechos Humanos. Al conocer los reportes, el relator comentó: expusieron “las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México”.
Según lo expuesto, fueron 7 mil 253 los casos de tortura registrados ante la CNDH durante el sexenio pasado. Mientras que el arraigo llegó a más de 11 mil reportes, de los cuales sólo el 3.2% fueron condenados, razón por la que se mostró preocupación por la posible elevación de esta figura a rango constitucional, ya que “ha provocado que se cometan actos de tortura y malos tratos en cuarteles militares”.
Por otra parte, la mencionada elevación en la práctica de la tortura, preocupantemente se relaciona con “la estrategia de seguridad” implementada durante el sexenio de Calderón, pero que ha persistido en lo que va del gobierno de Peña Nieto.
Por lo anterior, solicitaron al relator de la ONU que en sus recomendaciones se considere abolir el arraigo, así como reformar el Código de Justicia Militar. También pidieron recomendar protocolos y controles de detención y de actuación, esto para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Así mismo, señalaron que es urgente que se deben reconocer peritajes independientes para la presentación de pruebas en juicios.
Los encuentros con el representante de la ONU continuarán en diversos estados de la república, para examinar “las garantías para los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen años en detención, sea en espera de un juicio, en cumplimiento de una larga sentencia, o en el caso de personas detenidas en estaciones migratorias”.