Lo que necesitas saber:
El decreto busca establecer criterios más específicos sobre qué información debe ser pública y en qué casos puede reservarse temporalmente por motivos de seguridad nacional o porque forma parte de un proceso administrativo o judicial.
Resulta y resalta que el Gobierno de México anunció una nueva iniciativa para reforzar la transparencia en la administración pública.
La presidenta Sheinbaum firmó un decreto con el que busca que más información gubernamental esté disponible para consulta pública y que ya no dependa del criterio de cada dependencia decidir qué puede hacer público y qué no.
Y de acuerdo con el gobierno federal, el principal cambio será el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde se concentrará más información sobre el funcionamiento de las instituciones y el uso de recursos públicos.
Uno de los puntos que más destaca es que, una vez que entre en vigor, los contratos públicos deberán publicarse cada mes, con la intención de que cualquier persona pueda consultar cómo y con quién contrata el gobierno.
¿Qué información se publicará?
Este nuevo decreto contempla cuatro ejes principales:
- Contrataciones públicas: Se difundirá mensualmente la información de los contratos realizados por las dependencias federales.
- Filiales de Pemex y CFE: También deberán hacerse públicos documentos como estados financieros, políticas de operación, informes presentados ante agencias extranjeras, información de gobierno corporativo y contratos.
- Fiscalización y auditorías: Se publicarán datos sobre el Programa Anual de Fiscalización, el avance de las auditorías, el seguimiento a observaciones y el padrón de despachos auditores externos.
- Invitación a otros gobiernos: El Ejecutivo también llamó a estados, municipios y otros poderes a adoptar medidas similares para ampliar la transparencia en todo el sector público.
Según explicó la Presidencia, el decreto busca establecer criterios más específicos sobre qué información debe ser pública y en qué casos puede reservarse temporalmente por motivos de seguridad nacional o porque forma parte de un proceso administrativo o judicial.
La intención, de acuerdo con el gobierno, es reducir el margen de interpretación de los funcionarios al momento de decidir qué información puede mantenerse reservada y privilegiar el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 de la Constitución.
