Aunque parezca que no, el Ejecutivo asegura que el gobierno federal sigue dando lo mejor de sí para lograr aclarar los hechos ocurridos en Iguala el mes de septiembre pasado. Ya lo que digan los familiares de las víctimas y las protestas por la actitud de las autoridades ante esta situación, es otra cosa… total, ¿a quién le van a creer?
En un documento enviado al Senado para responder todo lo que los legisladores siempre quisieron saber del caso Ayotzinapa pero no se atrevían a preguntar, Enrique Peña Nieto señaló que –según él– su administración todo este tiempo se ha conducido de acuerdo a sus facultades mentales legales y con mucha transparencia… y eso que la chamba no le correspondía a él, sino a las autoridades estatales.
Además recalcó que, por si alguien tenía duda, el gobierno “mantiene como más alta prioridad el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y la aplicación de la ley. No habrá espacio alguno para la impunidad (…) continúa trabajando, como prioridad, en encontrar a los estudiantes desaparecidos y regresar la tranquilidad a los habitantes de esta región de Guerrero, al garantizar que los responsables de estos lamentables hechos obtengan la sanción que establece la ley”.
Por otra parte, detalló que se ha hecho la detención de 56 personas relacionadas con el caso –cof, la PGR dice que son 80, cof–, se han hecho 13 cateos y se han ordenado 26 aprehensiones. El documento enviado por EPN ratifica que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, continúa con auto de formal prisión… pero de su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalada por tener nexos con el grupo Guerreros Unidos y por estar relacionada directamente con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa… nada se sabe sobre su situación jurídica.
Para lucirse más, el presidente destacó el despliegue de elementos policiacos en la zona, también informó de las brigadas de búsqueda y bueno, hasta presumió el uso de aeronaves para dar con el paradero de los jóvenes estudiantes… si todo llevó a centrar la investigación en un basurero de Cocula, es otro asunto.
En el documento también dio detalles sobre el caso Tlatlaya: señaló que en el asunto ya se tiene intervención de un agente del ministerio público del fuero común, quien es quien realiza las primeras diligencias. Resultado de las investigaciones es la detención y proceso de varios elementos de la Sedena: “un teniente de infantería, por ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento de no procurar impedir la consumación de un delito; tres elementos más por abuso de autoridad, ejercicio indebido del ejercicio público, homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y tres elementos más por ejercicio indebido de servicio público”.
Así es, para el ojo común las autoridades no han hecho casi nada, pero para el ojo analítico pues… también, ¿no?