Aunque en las redes se muestra implacable, en los tribunales no lo es tanto. Nuevamente la polémica política migratoria antimusulmana de Donald Trump es congelada por los jueces estadounidenses.
Ayer, en el Tribunal Federal de Apelaciones un panel de tres jueces emitió un fallo unánime en contra de la reactivación de la orden ejecutiva que impide el ingreso temporal de ciudadanos provenientes de países de mayoría musulmana a territorio norteamericano y limita el programa de refugiados. Por el momento, el asunto se limitó a si la orden permanecía en suspensión de acuerdo al fallo de un juez federal. Esto mientras los tribunales inferiores evalúan la legalidad de lo dispuesto por Donald Trump.
Anteriormente el juez federal de Seattle, James L. Robart, congeló la orden ejecutiva. Esta acción fue tachada por el exótico republicano como “ridícula” e “imparcial”. Por si fuera poco, el mandatario estadounidense puso en duda la capacidad de los jueces, lo cual no dejó de causar asombro entre legisladores de ambos bandos. “Si Estados Unidos no gana este caso, como es obvio que debería pasar, nunca podremos tener la seguridad a la que tenemos derecho”, expresó en ese momento.
Ahora, al darse a conocer la decisión emitida en los tribunales de San Francisco, no pasó mucho tiempo para que Trump expresara su descontento de la forma en que mejor lo sabe hacer: a través de Twitter: “Nos vemos en la corte, la seguridad de nuestra nación está en juego”, advirtió el presidente. Es de suponer que el buen Donald lleve el asunto hasta la Suprema Corte del país.
SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2017
En defensa de la orden ejecutiva, los abogados del gobierno de Trump argumentan que los dictados del presidente no deberían ser cuestionados por los tribunales. Además, aluden que en la Constitución se otorgan amplios poderes al mandatario, por lo que no debería de cuestionarse si él decide quién entra o no a territorio estadounidense.
En oposición, se argumenta que la prohibición de Trump está basada en cuestiones discriminatorias, lo cual amenaza la seguridad de la nación, así como su economía. Es decir, el gobierno no ha presentado prueba alguna para sustentar que la orden ejecutiva tenga como objetivo la “seguridad nacional”. Por otra parte, se ha rechazado el señalamiento de que los tribunales no tienen el derecho a evaluar las decisiones tomadas por el presidente: “es incuestionable que el Poder Judicial federal retiene la autoridad de adjudicar retos constitucionales a las acciones ejecutivas”.