El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva en la que se declaraba una “emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela.
Sin embargo se aclaró que las sanciones no apuntaban contra el pueblo ni la economía venezolana, ni tendrán un efecto directo en el sector petrolero venezolano.
Un año después de eso, el mismo Obama la prorrogó.
Al conseguir la presidencia, Donald Trump hizo lo suyo y firmó el 24 de agosto de 2017 otra orden ejecutiva con la que prorrogaba otra vez el decreto.
Y este año las condiciones en Venezuela no han mejorado. Con el primer anuncio de que se adelantarían las elecciones la situación se puso muy tensa. La oposición inmediatamente reclamó lo que sería una “imposición” y un show para ocultarla.
Posteriormente el mayor frente de oposición, la Mesa de Unidad Democrática, comunicó que no participaría con un candidato unitario si no se negociaban las condiciones para garantizar unas elecciones justas.
Gracias a la presión internacional, el Consejo Nacional Electoral tuvo que anunciar el aplazamiento de los comicios del 22 de abril para la segunda quincena de mayo.
Por todas estas razones, Trump extendió hoy 2 de marzo un año más el decreto, sosteniendo que Venezuela todavía representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos por la “erosión de las garantías a los derechos humanos” y la “corrupción gubernamental”.
Extiende #Trump decreto que declara a #Venezuela como amenaza https://t.co/mIpVC7hcyi pic.twitter.com/dBlDBHnLit
— La Jornada (@lajornadaonline) 2 de marzo de 2018
Desde que llegó a la Casa Blanca, la administración estadounidense impuso varias rondas de sanciones contra medio centenar de funcionarios del entorno político de Nicolás Maduro, incluido el propio presidente Maduro, asegurando que no las va a retirar hasta que el país regrese a la senda democrática.
Incluso mantiene la posibilidad de un embargo petrolero.