A pocas semanas de la elección del 7 de junio, el descrédito de la clase política y los partidos políticos ha dado lugar a importantes reflexiones sobre las diversas formas de protesta ciudadana en el contexto electoral, particularmente en las figuras de voto nulo y absentismo.
Sin embargo, por motivos legislativos, el voto nulo, a pesar de tener un valor simbólico fuerte, no es un verdadero castigo para el comportamiento de los partidos políticos pues no afecta sus intereses inmediatos.
Indudablemente los principales (aunque no los únicos) intereses de los partidos son, primero, ganar la oficina (es decir, sus ingresos futuros) y, segundo, contar con ingresos presentes que les otorga un presupuesto holgado extraído del erario público. ¿Cuál es la relación entre los intereses de los políticos y nuestros votos?, ¿podríamos condicionar de una mejor manera nuestra participación?
¿CÓMO SE DECIDE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS ACTUALMENTE?
En febrero de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad el acuerdo por el que se establecieron las cifras del Financiamiento Público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos para 2015. La cifra total suma 5,456 millones de pesos, el equivalente a 3.7 veces el programa “Escuelas de Calidad” de la SEP. Las actividades ordinarias permanentes incluyen la estructura, sueldos y salarios, mientras que los gastos de campaña, y gastos específicos incluyen partidas presupuestales para capacitación, desarrollo de liderazgos femeninos, y disfrute de franquicias postales, entre otros.
Ahora, el monto total de financiamiento público a distribuir para actividades ordinarias se construye de la siguiente manera:
Primero, se multiplica el número total de ciudadanos en el padrón electoral por el 65% del valor del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, el cual para 2015 fue $70.10. Esto dio como resultado una cifra de 3, 909, 545, 803 pesos, lo equivalente a 12 veces el presupuesto asignado al Programa Federal de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
La siguiente tabla muestra el Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes.
En elecciones de diputados federales (como la de este 7 junio), el 30% de este monto total se distribuye entre todos los partidos por igual, y el 70% restante conforme a los votos recibidos por cada partido en la elección inmediata anterior. En este caso, el porcentaje de votos obtenidos en la elección de 2012. Esta distribución se hace conforme a los porcentajes obtenido de la Votación Nacional Emitida, es decir los votos totales menos los votos nulos, los votos de candidatos independientes y los votos a partidos políticos que no haya obtenido el registro.
Derivado de lo anterior, los montos correspondientes a cada Partido Político Nacional 2015 quedaron como sigue:
No hay que olvidar que en julio de 2014, el Consejo General del INE aprobó el registro de tres nuevos partidos: Morena, Partido Humanista, y Partido Encuentro Social. Esto automáticamente les otorga a cada uno el 2% del monto total de financiamiento público, $78 millones de pesos a cada uno.
El monto para gastos de campaña de cada partido se calculará con base al 30% del monto que recibieron para sus actividades ordinarias. Por ejemplo, el PAN, que recibió 858 millones de pesos, recibirá 257 millones más para gastos de campaña.
Además de las actividades ordinarias permanentes, todos los partidos registrados reciben financiamiento extra para “actividades específicas”, por ejemplo el disfrute de franquicias telegráficas y postales, la promoción de liderazgos femeninos, capacitación, investigación y diseño editorial. En total este presupuesto “no ordinario” suma para 2015 un total de $1,546,791, 142 pesos.
Entonces, sumando todo lo que reciben los partidos, tanto para actividades ordinarias como no ordinarias, el total del financiamiento público de este año es de: $5,456,336,945.
PERO ENTONCES, ¿CÓMO PODEMOS CASTIGARLOS?
Establecer un mejor castigo a los Partidos Políticos mediante vías democráticas requeriría reformas legales que frenen el crecimiento desmedido de los recursos financieros de los que gozan. Pero también es necesario crear una oferta de propuestas electorales de más calidad, vinculada también a la gestión responsable y efectiva de la administración pública, pues de esa es la razón de ser de la democracia.
Dos reformas legales serían necesarias: i) desvincular el financiamiento a Partidos Políticos del salario mínimo; y ii) replantear la fórmula para el cálculo de la base financiera para la distribución.
i) Desvincular del salario mínimo el financiamiento a partidos…
En el segundo semestre de 2014, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó su propuesta para elevar el salario mínimo. Su propuesta incluye un crecimiento gradual del salario mínimo, comenzando en 82.9 pesos diarios, con aumentos progresivos anuales de 27.4% más inflación, hasta llegar a 171 pesos en el 2018. Por su parte, el Partido Acción Nacional también ha enarbolado la causa proponiendo aumentos al salario mínimo para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval, que incluyendo la canasta alimentaria y otros elementos no alimentarios, se sitúa aproximadamente en 2,628 pesos per cápita para la zona urbana.
Si se toma en cuenta que actualmente el salario mínimo en la zona A (el más alto) es de 70.10 pesos diarios, la propuesta del PAN rondaría los 87 pesos diarios. La reflexión en este sentido tiene un doble filo: más allá del “bondadoso” propósito de los Partidos para elevar (por decreto) el nivel de vida de los mexicanos, al estar vinculado su financiamiento al salario mínimo, lo que se observa es el peligroso diseño de una voraz maquinaria para aumentar sus recursos a cifras nunca antes vistas.
Por ejemplo, si nos basamos en la legislación electoral actual y la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, la bolsa de financiamiento público para Partidos Políticos en 2018 alcanzaría poco más de 11 mil millones de pesos. Esto bajo el absurdo supuesto de que el padrón electoral no creciera en los próximos 3 años, y sin considerar que son elecciones presidenciales, por lo que claramente la cifra sería mucho mayor.
Vale la pena mencionar que en diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para desvincular el salario como unidad de cuenta o referencia para algunos ordenamientos de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, y disposiciones jurídicas. Entre los cambios más importantes de la propuesta se incluyó la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que sustituirá al salario mínimo como referencia económica usada y que será utilizado para el cálculo del financiamiento de los Partidos Políticos. Sin embargo, el dictamen aún queda pendiente de aprobación por el Senado de la República.
ii) Replantear la fórmula para el cálculo de la base financiera para la distribución.
Como mencionamos al principio, la base sobre la cual se calcula el financiamiento a Partidos Políticos se basa, además del salario mínimo, en el padrón electoral. Las consecuencias de este diseño entonces son evidentes: el incentivo a responder democráticamente está anulado. Los partidos políticos seguirán recibiendo financiamiento (en mayor o menor medida) en función del crecimiento natural de la población que progresivamente se registra en el padrón electoral.
En este sentido, la promoción del voto nulo para castigar a los partidos no tiene ninguna lógica. Si los anulistas quisieran de verdad castigar a los Partidos Políticos por su mal desempeño en el gobierno o por su carencia de propuestas en la oferta de candidatos, lo más lógico sería promover el no empadronamiento, o el desempadronamiento. Como sabemos que eso no va a suceder (los ciudadanos necesitamos de la credencial para votar como cédula de identificación oficial), la única vía que queda es impulsar en la próxima reforma electoral un replanteamiento en la regulación electoral de la fórmula para calcular la base sobre la cual se asigna la bolsa de recursos financieros a los Partidos Políticos, de tal suerte que sus fondos se subordinen a sus méritos y eficiencia en sus funciones.
En otras palabras, es urgente condicionar el financiamiento de los partidos al ejercicio real de sus funciones.
Estas son grandes reflexiones que tendrán que tomarse en cuenta en el panorama post electoral y en la construcción de las agendas de los partidos políticos en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Nos vemos en septiembre legisladores.
Ana Lilia Moreno y Ximena López son investigadoras del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).