El pasado 11 de febrero, Andrés Manuel López Obrador, compartió a través de sus redes sociales un comunicado en el que critica la actuación de las autoridades en un enfrentamiento armado en Nayarit. De acuerdo con AMLO, “la mayoría de los masacrados (el 9 de febrero) en Tepic por la Marina eran jóvenes, algunos menores de edad (…) La política neoliberal o neoporfirista ha cancelado el futuro de los jóvenes y los ha empujado a tomar el camino de las conductas antisociales; sólo se les ofrece fuego y violencia”.

El posicionamiento de López Obrador fue acompañado de un video explicativo en el que se postula que el incremento en los niveles de violencia están correlacionados con el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades, la desintegración familiar y la pérdida de valores. En la grabación se critica enfrentar “violencia con violencia” y, en cambio, propone la creación de un programa para asegurar empleo y educación a los jóvenes.

El comentario del político tabasqueño fue criticado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien consideró que AMLO está lucrando políticamente con el tema de la inseguridad y la violencia en el país. “Quien afirme, como lo hizo (López Obrador), que esas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias (…) No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos”, afirmó el exgobernador de Hidalgo.

El fracaso de la prevención del delito: la violencia sigue

Osorio Chong dijo el pasado 26 de octubre que “la delincuencia no se combate sólo con elementos policiacos, sino con una verdadera política de prevención que permita a los jóvenes alcanzar mejores condiciones de vida y desarrollo”. El titular de la Segob también afirmó que la criminalización de los jóvenes no era el camino para ayudarlos a que se reincorporen a la actividad diaria, “sino apoyándolos con comprensión y orientación”.

Estas declaraciones, en el mismo sentido que las palabras de AMLO, las realizó Osorio Chong en un encuentro con beneficiarios del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), una iniciativa para cambiar el enfoque punitivo para luchar con la violencia y buscar una salida reflexiva al problema. El programa arrancó en 2013 y fue cancelado financieramente en noviembre de 2016, después de que se le invirtiera cerca de 10 mil millones de pesos y arrojara pobrísimos resultados o que, por lo menos, no se pueden medir adecuadamente.

De acuerdo con una investigación realizada por los académicos José Merino y Carolina Torreblanca, la implementación del PRONAPRED no representó un cambio en las tendencias de inseguridad de los municipios elegidos (con criterios poco claros, indican los especialistas) para accionar el programa. El estudio publicado en la revista Nexos señala que el plan federal antidelito no tuvo efecto alguno en materia de disminución de delitos o violencia, tomando como indicadores tasa de averiguaciones de homicidios con arma de fuego y robo de autos de los municipios que recibieron el apoyo fiscal.

La conclusión es lapidaria: los municipios en los que se implementó el PRONAPRED “no mostraron trayectorias de delitos o violencia distintos a aquellos fuera del programa”.

¿A qué se debe el fracaso en la estrategia?

Violencia en México

El descalabro del PRONAPRED se debe a diferentes causas. Según Merino y Torreblanca, en el programa se incluyeron objetivos no evaluables como “generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana” o “incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social del delito mediante su participación y desarrollo de competencias”. Según los expertos, el programa fue un fracaso equivalente a “10 mil millones de pesos tirados a la basura”.

A esta falla hay que sumarle que, para su implementación, se escogieron municipios con una gran cantidad de homicidios, pero no necesariamente con tasas altas de homicidios, decisión que termina imposibilitando la comparación entre distintos municipios y sus poblaciones. Los académicos indican que también se falló en la elección de las demarcaciones escogidas para la arrancar con el PRONAPRED, ya que se pensó en los municipios individualmente y no tomaron en cuenta aquellos con los que colindan.

Aunque es una pena que la única estrategia para hacerle frente a la violencia sea la acción militar o policiaca, dicen Torreblanca y Merino, no se debe de lamentar la extinción de un programa que no logró mejorar las condiciones de seguridad en el país.

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