Un tema polémico que ha generado desde discusiones de cantina hasta paros de labores en universidades. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordó el asunto de la gratuidad de la Educación Superior y esto fue lo que resolvió.
Nada más para aclarar cual es la situación del Estado frente al siempre reclamable derecho a una educación de nivel universitario gratuita, la Corte determinó que el Estado no está obligado a otorgarla… en primera instancia, ya que si así lo deciden, pueden legislar para establecer este derecho y, una vez concedido, no será revocable… salvo que haya que hacer ajustes presupuestales. Ya saben, por eso de las insuficiencias de recursos.
“En nuestro sistema constitucional, la configuración mínima del derecho a la educación implica que la educación superior que imparta el Estado, en principio, no necesariamente debe ser gratuita aunque no está prohibido que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de progresividad”.
De acuerdo con los miembros de la Primera Sala de la SCJN, la educación superior no tiene que ser, en principio, de a gratis ya que, si un individuo tiene la capacidad para decidir libremente si echará rock n’ roll o se aplicará a los estudios (vamos a llamarlo “plan de vida”), de elegir la segunda opción, también tiene que prever el costo de esa decisión… es decir, irle echando al cochinito para solventar el costo de una educación de nivel universitario.
La aclaración no salió de la nada. Se hizo a partir del amparo concedido a una estudiante de la Universidad Nicolaíta de Michoacán, quién solicitó el mencionado recurso legal para, así, evitar pagar los 420 pesos de inscripción solicitados desde 2014 por la institución. Con el fallo, María Cárdenas Alvarado (nombre de la alumna de la Facultad de Biología) también evitará el cobro de cualquier otra cuota, hasta que termine su licenciatura.
La razón por la que la Corte concedió el amparo fue porque en la Constitución de Michoacán se reconoce el derecho a la educación superior de forma gratuita… pero, como el Estado ya no renovó el subsidio para que lo anterior suceda sin bronca alguna, los de la Universidad apelaron a su autonomía para manejar de forma libre el cobro de cuotas. Incluso, en enero, el ministro Jorge Pardo presentó un proyecto para negar el amparo a Cárdenas y darle la razón a la Nicolaíta… sin embargo, cuatro de sus colegas lo batearon.
“La autonomía universitaria no puede invocarse como un argumento que justifique restringir algún aspecto del derecho humano al que está destinada a servir, como podría ser, en el caso, la gratuidad”, señalaron.