Ya que el presidente sigue en su incesante campaña para que el electorado saque bien las cuentas del sexenio, aquí va un número que se puede añadir… no a los “grandes logros”, sino al número de feminicidios/asesinatos contra activistas cometidos en los últimos cinco años.

En Guanajuato, fue encontrado el cuerpo sin vida de la activista pro derechos de la comunidad LGBTTTI, María Guadalupe Hernández Flores. De acuerdo con Proceso, la mujer fue encontrada en una fosa del municipio de Coroneo desde el pasado 21 de marzo; sin embargo, fue hasta ahora que los familiares pudieron constatar que se trataba de ella, ya que había quedado irreconocible debido al estado de descomposición en que fue encontrada.

Originaria de Michoacán, Hernández Flores fue vista con vida por última vez el pasado 11 de marzo. Su cuerpo fue hallado en los límites de su estado natal y Guanajuato, gracias a que un perro descubrió los restos semienterrados. Según el resultado de la autopsia, la mujer murió a causa de heridas provocadas por arma de fuego, sin embargo, medios locales indican que también fue víctima de tortura.

Conocida como Kleo o Lucrecia, la activista de 37 años hacía activismo por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTTI. Su muerte fue confirmada por la organización “Ni una menos”: “Después de Marielle Franco (activista de Brasil asesinada la semana pasada en Rio de Janeiro) siguen los ataques al movimiento feminista en América del Sur”.

En relación con este lamentable hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades de Guanajuato realizar las investigaciones correspondientes y, sobre todo, tomar en consideración la labor que Hernández hacía en favor de los derechos de la comunidad LGBTTTI. Esto debido a que “el contexto actual en que se desenvuelven las personas defensoras las hace especialmente vulnerables”.

Además de lo anterior, la CDNH recordó a la Procuraduría guanajuatense que en ocasiones anteriores se ha sugerido “no estigmatizar el trabajo que realizan (las y los defensores), atender de manera pronta y eficaz las medidas cautelares que dicten los organismos públicos de derechos humanos y capacitar a los servidores públicos que tengan contacto con dichas personas”.

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