El proyecto de matrimonio igualitario fue aprobado por una amplia mayoría por parte de los tres principales partidos políticos.
Al grito de «Libertad e Igualdad», este miércoles, la cámara de Diputados aprobó una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo impulsada por el gobierno de José Mujica con un total de 71 votos a favor y con una asistencia de 92 diputados.
La cámara de Diputados ya había aprobado el texto en Diciembre del 2012 pero el texto tenía que ser ratificado después de algunas modificaciones hechas por el Senado.
«Mañana vamos a ser una sociedad más justa, más igualitaria, con más derechos para todos y todas», aseguró el diputado de la coalición oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) Sebastián Sabini.
El polémico texto sostiene que «el matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo». Así, Uruguay se convierte en el segundo país latinoamericano en aceptar a nivel nacional este tipo de uniones.
Uruguay ha legalizado, en los últimos años, la unión civil de homosexuales y la adopción de niños por parte de parejas homoparentales, además de habilitar el cambio de nombre y sexo y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas.
Además, en junio del año pasado, la justicia reconoció por primera vez un matrimonio homosexual de nacionalidad uruguaya celebrado en España.
En América Latina el matrimonio homosexual está permitido en Argentina desde 2010 y en Ciudad de México, desde 2009.
Mientras tanto, en Colombia, el Congreso prepara su segundo debate para definir el futuro del matrimonio homosexual en el país.
Por su parte, la Iglesia Católica ha manifestado su oposición (¡sorpresa!) y han reiterado los mismos argumentos que en el caso de la ley de despenalización del aborto: «no por haber sido aprobada esta ley es moralmente buena». «La moralidad de los actos no depende de las leyes humanas», afirman los obispos.
De esta manera Uruguay se suma a todo el debate legislativo que se da en América Latina (una región que, para sorpresa de muchos, ha resultado tener algunas de las legislaciones más progresistas a nivel mundial).
Por lo pronto, la flamante ley entrará en vigencia a los 90 días de su promulgación, periodo en el cual el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla.