Ayer Carles Puigdemont dejó a todo mundo con la sensación de que en realidad la creación de la República de Cataluña es puro teatro. Y cómo no, si luego de hacer la declaratoria de independencia, decidió suspenderla para entablar negociaciones con el gobierno de España y que, así, la “desconexión” no sea de manera unilateral. ¿Es o no independiente? Se preguntaron tanto pro como contra separatismo. Y para salir de la duda, el presidente de España, Mariano Rajoy, es quien pregunta directamente.

En respuesta a la declaratoria hecha ayer por el líder de la Generalitat, ahora Rajoy pide que éste sea claro y confirme o no si ha declarado la independencia de Cataluña, para así evitar la “confusión generada” y, sobre todo, la respuesta será tomada como el paso previo  la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cual señala que

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Lo anterior, desecha completamente el plan tibio que los separatistas catalanes optaron por implementar: declararse independientes, pero posponer su independencia para emprender “un diálogo para llegar a una solución acordada” con el gobierno de España. ¿Diálogo? Nada qué. Con lo dicho por Rajoy, en caso de que los separatistas catalanes busquen la negociación, primero tendrán que desmentir la creación de su República, sólo así se podrá “restablecer la normalidad institucional se pondría fin a un periodo de tensiones y quiebra de la convivencia”… ahora que, si no desisten de ello, entonces se echarían a andar las “medidas necesarias” para aplicar el rigor del mencionado artículo 155, el cual “supone” la suspensión de la autonomía de Cataluña, para desde Madrid hacer cumplir la Constitución y sus leyes.

“Supone”, ya que – de acuerdo con El País – la finalidad del artículo no es privar de sus competencias a la comunidad Autónoma sino “compelerle a que la utilice de acuerdo a la Constitución y a las leyes”. Nota: “compelerle” es “obligarle”. Es decir, voluntariamente a fuerzas hacer respetar la Constitución.

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