Fueron sólo algunas semanas en las que no se reportaron agresiones contra activistas. Sin embargo, la racha se rompió con el asesinato del defensor comunitario Crispín Reyes.
El asesinato de Crispín Reyes fue confirmado por el “Concejo Indígena de Gobierno y Otras Luchas” por medio de un comunicado en su página Facebook.
De acuerdo con dicho concejo, Crispín Reyes Pablo fue asesinado alrededor de las 14:00 horas de ayer, jueves 14 de julio, en las afueras del municipio de San Juan Juquila Mixe Yautepec.
Reyes Pablo tenía 60 años y, además de defensor comunitario de la zona mixe, era reconocido por haberse desempeñado como agente municipal de Guadalupe Victoria.
En su labor como defensor comunitario representaba a 128 familias desplazadas. Esta valiosa y poco reconocida labor la llevó a cabo desde enero de 2017.
Representantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) “recordaron que, desde que las 128 familias integradas por 527 personas fueron desplazadas en forma violenta de Guadalupe Victoria, se refugiaron en el municipio de San Juan Juquila Mixes y durante varios años vivieron en el auditorio de dicho lugar”.
El Concejo Indígena de Gobierno denuncia que, con el asesinato de Crispín Reyes, ya van 16 homicidios de personas defensoras en Oaxaca entre 2018 y julio de 2022. Una cifra que a nivel nacional llega a tonos dramáticos y de preocupación: durante el mismo periodo, el Concejo contabiliza 106 asesinatos de defensores de derechos humanos.
Como siempre que ocurre un hecho de este tipo, organizaciones y colectivos pidieron la intervención de las autoridades. Primero, para dar con los responsables del asesinato, pero también para, ahora sí, hacer algo para prevenir más agresiones.
El Concejo Indígena de Gobierno se suma a la petición del centro de derechos humanos (el CEDHAPI) y el agente municipal Artemio Aragón Flores, quienes exigen protección y apoyo humanitario a las 128 familias desplazadas de Guadalupe Victoria, las cuales eran representadas por Crispín Reyes.
Algunas de esas familias desplazadas, explica el CEDHAPI, se establecieron en las casas de vecinos de Juquila Mixes. Sin embargo, en toda la región hay una grave crisis: la mayoría vive en pobreza extrema, con falta de alimentos y de atención médica. Y, bueno, para sorpresa de nadie, el gobierno estatal brilla por su ausencia.