Pues para desquitar los millones que se ha embolsado, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, ayer en conferencia de prensa y contra la versión oficial, indicó que los militares que intervinieron en el caso Tlatlaya sí fueron los responsables de ejecuciones.
Por lo anterior, se fue con todo el peso de su cargo y… emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al gobierno del Estado de México, porque pese a que desde el 3 de julio se tiene un desglose de la investigación hecha por la Procuraduría estatal aún no hay ningún militar procesado por la muerte de los 22 civiles… o al menos por la muerte de 15 de ellos, quienes sí presentan marcas de ejecución.
Según el ombudsman, se logró validar que 12 de los cuerpos de los fallecidos no tenían ninguna herida y se habían rendido, sin embargo fueron victimados arbitrariamente por los militares; mientras que otros tres presentan indicios de ejecución, pero no hubo modo de corroborarlo al 100%. El resto de las víctimas murió durante el intercambio de tiros que supuestamente existió.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, en las que se tiene testimonios de sobrevivientes –las cuales están en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit- antes de las ejecuciones militares sí hubo un intercambio de tiros entre el grupo de presuntos criminales y los elementos del Ejército. Esta refriega duró aproximadamente 10-15 minutos y de ella uno de los de la milicia resultó herido, lo mismo que cuatro civiles… pero esto fue producto del “fuego cruzado”.
Las testigos –que están bajo proceso judicial- presuntamente fueron intimidadas por las autoridades del Estado de México para autoincriminarse y –raro- pero en el expediente que se logró conformar del caso, el ministerio mexiquense no hace referencia a “que hubieran observado que fueron privadas de la vida las 22 personas que ahí se encontraban”, además se detectó que del lugar de los hechos fue alterado, los cuerpos fueron movidos de lugar y a varios se les colocaron armas.
Por todo, Plascencia recomendó que el Registró Nacional de Víctimas fuera engrosado con el nombre de las 22 personas que perdieron la vida en Tlatlaya, esto no por mero reconocimiento de su muerte, sino para que los familiares tengan acceso al fundo de ayuda con el que cuenta dicho registro, es decir, que obtengan una indemnización por parte de la Sedena, PGR y el gobierno del Estado de México.
Ya en otros temas, el ombudsman fue cuestionado sobre si era su intención ir por una reelección, a lo que respondió que será hoy cuando ofrezca una posición al respecto… nomás tiene que verificar si ya se terminó de construir su residencia el tema con su familia.