Mientras que Rodrigo Vallejo pagó 7 mil pesos para salir libre de su encierro por el delito de encubrimiento –altamente evidenciado con los videos en los que lo vemos departiendo muy sabroso con el líder de los Templarios, “La Tuta”- los tres jornaleros detenidos del enfrentamiento con policías ocurrido en San Quintín tienen que pagar 7 millones de pesos, algo que además de manchado deja ver cuáles son los delitos que más castiga la justicia mexicana.
El pasado 9 de mayo trabajadores de San Quintín, Baja California, esperaban al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para negociar aumentos salariales y prestaciones de ley… sin embargo, el platón que les hizo el funcionario –luego de vencerse un plazo de 15 días que las mismas autoridades pidieron- provocó la toma de la carretera Transpeninsular y con esto la llegada de elementos de seguridad… y el enfrentamiento.
De los hechos hubo varios heridos, así como la aprehensión de algunos de los jornaleros, tres de ellos necesitan juntar 21 millones de pesos para salir bajo fianza. Para Ricardo Bucio, presidente del Consejo nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tal suma no es proporcional al delito que se les imputa, además de no ser racional.
“Una fianza como ésta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”.
Añadiendo que existen los mecanismos para ver si las autoridades le hacen una rebajita al monto solicitado, Bucio informó que el Conapred ha entrado en diálogo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para ofrecer cualquier apoyo que se requiera, esto con la finalidad de que no haya –más- tratos discriminatorios contra los jornaleros.
“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”.
Lo que ocurre en San Quintín es un problema de alta complejidad, ya que en un solo caso están se abordan varios problemas presentes en nuestro país (derechos laborales, acceso a la justicia, discriminación, etc), por lo que requiere “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales, como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”.
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