Cuando una relación comienza mal es muy probable que con el tiempo empeore. Este podría ser el caso de la relación entre Grecia y la Unión Europea, donde el conflicto se ha agravado tanto que la separación se anuncia a diario; la situación se ha vuelto insostenible para ambas partes, sobre todo para Grecia que tiene una deuda de 350 mil millones de euros, lo que representa el 185% de su PIB.
La Eurostat (oficina encargada de llevar las estadísticas de la Unión Europea) afirma que Grecia ha mentido descaradamente, desde el año 2000.
El 1° de enero de 2001, Grecia se convirtió en el primer socio, no-fundador, en aceptar el euro como moneda oficial. La luna de miel duró poco, pues tan sólo tres años después–en septiembre de 2004- salió a la luz el primer engaño.
Desde su solicitud de ingreso, Grecia se había comprometido a ser respetuoso con los estándares financieros firmados en el “Pacto de estabilidad” y, en cambio, ocultó que había rebasado sus límites de deuda pública. El gobierno griego sostuvo que en el 2000 el déficit había sido del 2% del PIB, y en realidad era del 4.1%. El año siguiente dijo que era del 1.4% y fue del 3.7%. El colmo llegó en el 2003, cuando declaró un 1.7%, pero ya superaba el 4.6%. En términos generales, esto significaba que el país había estado gastando mucho más que los ingresos que aportaba.
Grecia había endulzado las cifras porque – a pesar de la insatisfacción de sus aspiraciones económicas- estaba obligado por el “Pacto de estabilidad” a mantener su déficit público por debajo del 3% a fin de recibir los apoyos de la Unión Europea. Grecia no fue el único país que recurrió a esta farsa, lo hicieron también Francia, Italia y Portugal, pero sí fue el único en hacerlo antes de ser parte de la Unión Europea, pues de haber declarado las cifras reales ni siquiera hubiera cubierto las condiciones mínimas para ser aceptado como miembro.
Tras la revelación hubo recelo y desconfianza. La Eurostat exigía que se establecieran mecanismos de control y vigilancia sobre las finanzas de los países miembros. Aún así, en lo que podría considerarse un acto de buena fe, la Unión Europea decidió mantener el apoyo económico a Grecia, siempre y cuando corrigiera su comportamiento.
Seis años después de ese primer roce –en el 2010-, el entonces primer ministro griego, Yorgos Papandreu, rogaba por la ayuda de sus socios. Luego de revisar las cuentas públicas se había dado cuenta de que el déficit era mucho mayor de lo que se pensaba, alcanzaba el 12.7% y no el 3.7% como había manejado el gobierno anterior. La situación se había agravado porque los bonos de deuda del gobierno eran impagables en esas condiciones. En consecuencia, el euro atravesó su peor crisis desde su nacimiento, lo que provocó una caída generalizada de las bolsas a nivel mundial. El gobierno helénico reconocía que no era capaz de enfrentar la presión de los mercados internacionales y que dependía del financiamiento externo.
El Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvieron dispuestos a recurrir al “rescate” siempre y cuando se presentara un “programa de austeridad real”. Para mayo del mismo año, Grecia había recibido más de 110 mil millones de euros, pero la gravedad de la situación le obligó a solicitar, en el año siguiente, un segundo préstamo por la misma cantidad. Los alcances de la crisis ya no sólo ponían en riesgo a la economía del país, sino a la Unión en su conjunto. Por ello, Szarkozy, primer ministro francés, admitía como urgente ayudar a la economía griega, no sin antes advertir que no se implementarían esas medidas de rescate nunca más.
Cuando se autorizó la entrega de 7,200 millones de euros en préstamos para Grecia, se temía provocarle la llamada “enfermedad holandesa”, que es cuando un país recibe una cantidad masiva de recursos económicos del extranjero, provocando una pérdida de competitividad a las exportaciones y un encarecimiento de los bienes y servicios al interior, sin embargo, la deuda en Grecia es tan grande que es poco probable que esto ocurra, pero el dólar puede fortalecerse y padecer en sus exportaciones.
Parecía claro que si la estabilidad del euro estaba en riesgo era porque ciertos países como Grecia, Irlanda y Portugal se habían endeudado más allá de lo permitido. Y, en tales circunstancias, expulsar a los helénicos de la zona euro no era lo más viable ni resolvía el problema de fondo. Incluso, los costos de no financiarlos podrían haber resultado mucho más altos.
Con el “rescate” surgirían dos nuevos problemas:
1.Como casi siempre sucede, apareció un tercero en discordia que tenía las soluciones: Los bancos querían participar “voluntariamente” comprando bonos de deuda. En el mercado financiero, los intereses por un préstamo son proporcionales al riesgo. Debido a la situación económica que atravesaba la República helénica, consideraron conveniente establecer una tasa excesivamente alta. Y si bien ésta parecía una solución a corto plazo, a largo plazo resultó ser una bola de nieve que crecía sin parar, pues los altos intereses generados creaban cuentas imposibles de saldar.
2.El otro gran problema se derivó de la reforma fiscal que Grecia estuvo obligada a aprobar para complacer a la Troika (grupo conformado por las autoridades económicas europeas más sobresalientes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), en la que se comprometía a recortar el fondo de pensiones, a eliminar contratos colectivos y a disminuir los subsidios en la seguridad social.
Lo cierto es que desde el 2010, año en que se otorgó el primer rescate, ya se habían implementado este tipo de medidas sin el mayor éxito. El único resultado visible de las rebajas salariales y los aumentos de impuestos habían sido las privatizaciones, los despidos masivos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores griegos. Sobre esto último es sintomático que después de cinco años de ajustes, el valor real del ingreso salarial ha disminuido tanto que en la actualidad, los griegos sólo pueden comprar la mitad de productos a los que estaban acostumbrados.
A todo esto se han sumado nuevos temores. Durante el pasado abril, el nerviosismo creció en el Fondo Monetario Internacional, pues de los 240 mil millones prestados a Grecia durante los últimos cinco años, no se habían recuperado más que 450 millones. Además, crecía el rumor de que el gobierno se negaría a cubrir el resto de la deuda. Anteriormente, dichas negativas habrían sido una estrategia constante para abrir negociaciones. Sin embargo, en esta ocasión, la imposibilidad para realizar los pagos parece ser la única verdad. El gobierno griego ha afirmado que la única salida consiste en buscar un nuevo rescate financiero ya que, de otro modo, las arcas quedarían vacías en menos de un mes, lo que paralizaría su economía por completo.
Sin el respaldo necesario, existe el riesgo que el sistema financiero se estanque; por el miedo a perder su dinero, los grandes inversionistas han realizado retiros masivos del mercado, entre 400 y 1 200 millones de euros han salido del país en tan sólo unas cuantas semanas.
La Troika se dice dispuesta a participar en el rescate si el gobierno griego “ajusta” sus políticas financieras a un nuevo plan que ellos mismos han diseñado pero, además de ineficaz, éste se pronostica asfixiante para la población, pues sugiere puntos tan delicados como la reducción de la inversión y el gasto social o la disminución de la protección social. Tal condición ha dividido a la sociedad griega, pues mientras hay quienes creen que deben mantenerse en la zona euro a cualquier costo, otros asumen que después del fracaso con el uso del euro deberían optar por un camino independiente.
Sin embargo, recordemos que lo que llevó a la victoria a Alexis Tsipras – en las pasadas elecciones de enero – fue el consenso generado alrededor de su promesa de acabar con la política de austeridad y de mantener a Grecia dentro de la Unión aunque, como era previsible, esto último lo obligaría a aumentar los impuestos y a recortar los gastos en seguridad social; es decir, lo pondría entre la espada y la pared.
A la desastrosa crisis económica se ha sumado una tensión política que algunos identifican como un chantaje griego y otros como una excusa de la Troika para recortar las políticas sociales en beneficio de la población. Pero no todo parece perdido y al parecer aún queda un margen suficiente de negociación.
En la propuesta enviada este lunes, el gobierno de Alexis cedió en puntos que decía innegociables, por ejemplo, aumentar la edad de jubilación a 67 años, reestructurar del sistema de pensiones, incrementar el IVA al 23% y crear nuevos impuestos que mejoren su déficit público. La propuesta ha sido recibida con cierto optimismo por algunos de los miembros –Berlín, Paris y Bruselas-, quienes la reconocen como un buen comienzo para acabar con la crisis. Entre sus aciertos destaca que la canciller alemana, Merkel, no descarte del todo la posibilidad de reestructurar la deuda aunque, eso sí, aclarando que Alemania no depositaría un centavo más para rescatar a los griegos, quienes exigen la reparación de daños por la ocupación nazi, Grecia objeta que los acuerdos de la posguerra incluían una moratoria revisable hasta que se firmara un Tratado de Paz, en cual nunca se firmó.
¿Voluntad política o necesidad económica de los actores? No lo sabemos, eso es algo que se revelará poco a poco en los siguientes días.
Lo único cierto es que mañana será un día crucial para determinar el destino de Grecia. Los jefes de Estado y de gobierno se reunirán para llegar a un acuerdo que, a más tardar el fin de semana, deberá ser refrendado. Y aunque la resolución del conflicto parece lejana, existen elementos para creer que en las próximas horas los griegos podrían respirar con cierta tranquilidad, aunque no de manera profunda. Todo indica que el camino será complicado y que, para superar el conflicto, el gobierno de Tsipras deberá actuar, interna y externamente, como un hábil maestro de ceremonias.