Ya que EPN no permite críticas respecto a la ayuda que el gobierno proporciona a los damnificados del sismo de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre, les pasamos al costo lo que integrantes de la Misión de Observación de Ayuda Humanitaria (MOAH) detectaron durante su paso por comunidades del Itsmo de Tehuantepec.

Para empezar, la misión conformada por siete Organizaciones No Gubernamentales (ONG) señala que hay una falta no sólo de recursos, sino de coordinación interinstitucional para distribuir la ayuda destinada para gente afincada en las zonas de desastre. Y, para agravar más la situación, cuando ésta (la ayuda) llega, tiene un uso discrecional. Eso sí, en las comunidades visitadas (Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, entre otras) lo que no falta es la numerosa presencia militar y de Policía Federal.

“No se actúa de manera pronta”, señala la Misión de Observación, agregando que la ayuda humanitaria que llega es “deficiente e insuficiente”. Además, las necesidades básicas urgentes (agua, alimentación y salud) de las personas afectadas no han sido cubiertas. “Pero cómo, si yo veo que la gente sigue mandando ayuda”. Bueno, según lo notado por los observadores, existe hostigamiento cuando se intenta entregar víveres ofrecidos por la sociedad civil y, en casos más lamentables, se llega a su decomiso.

Pese a lo anterior, ayer el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las donaciones llegan directamente a quienes la necesitan, sin intermediación ni condiciones… y lo mismo pasará cuando se comience con la construcción y casas dañadas por el movimiento telúrico. En el Campo Marte, donde se localiza el centro de acopio del DIF, el Ejecutivo remarcó que no se permitirá lucrar con la tragedia y que los apoyos fluirán sin distinción de religiones o partidos políticos.

Sin embargo, los observadores denuncian que “precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona”. Y, para acentuar el hecho de que los funcionarios y políticos que van a la zona de desastre nomás es para hacer bola y estorbar, se señala que se ha involucrado a instancias gubernamentales que no tienen capacidad ni experiencia para realizar el diagnóstico de inmuebles dañadas. Por ejemplo, la Secretaría de Energía y de Turismo.

Otra cosa que causó la extrañeza de los integrantes de las ONG fue la presencia de empresas, las cuales están supliendo el papel que debería tomar el gobierno. Y más curioso es que varias de esas empresas han tenido conflictos con las comunidades afectadas, debido al desarrollo de megaproyectos. Pero bueno, seguro lo hacen de forma desinteresada… y aunque así lo hicieran, “desconocemos si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario”, agrega la Misión, que recomienda a todos los niveles de gobierno cumplir con su obligación y “proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y colocarlos en el centro de los esfuerzos de atención y respuesta”.

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