Cientos de desplazados por el mundial
El gobierno brasileño ha expropiado las casas de cientos de personas para lograr que los alrededores de los estadios sean más atractivos. Estas expropiaciones han violado los acuerdos internacionales, según los cuales, nadie puede quedar en peores condiciones que aquellas en las que se encontraba antes de que una propiedad le fuera expropiada. Así de simple: la administración brasileña está dejando en estado de calle a los habitantes de los alrededores de los estadios.
Una investigación de la BBC Brasil revela que un montón de gente ha sido presionada por gobiernos locales para que entreguen sus propiedades al Estado, con la intención de realizar obras que faciliten el acceso a los estadios y mejorar el aspecto de los mismos.
Jerónimo Sebastiao de Oliveira, un hombre de 72 años, es uno de los desplazados.
“Yo había construido mi futuro, que era mi casa, con mucho esfuerzo. Y de repente ellos vienen y nos hacen perder todo. Derribaron lo que era nuestro sin pedir ningún permiso”, afirma.
El gobierno pagó a Jerónimo un precio apenas superior al 50% del valor real de su propiedad, una casa pequeña en las cercanías del estadio Arena, en el área metropolitana de la ciudad de Recife, en Pernambuco.
Las familias desplazadas se ven obligadas a rentar o a vivir con amigos, pues la indemnización no es suficiente para comprar una casa similar en ningún otro lado. Sin embargo, el dinero durará poco y el gobierno no ha previsto programas lo suficientemente fuertes como para fomentar empleos o prestaciones bancarias para poner una solución al asunto.
Tan sólo en aquella zona, más de 100 familias fueron desalojadas para llevar a cabo unas obras que ni siquiera están en etapas avanzadas de desarrollo. Los encargados de la construcción proyectan que su conclusión se logrará sólo después del mundial.
Por su parte, autoridades como el procurador general del estado, Thiago Arraes de Alencar Norrões, afirman que conocen la situación de los desplazados, y “reconocen” que ha habido algunos errores de los que “tendrán que aprender”.
“Algunas personas quedaron en situaciones difíciles. En esta fase final, estamos intentando dar una atención psicosocial mayor. Aprendimos. En las próximas acciones vamos a tener que corregir algunos procedimientos”.
A la procuraduría, lo mismo que al gobierno en general, se les olvidó verificar si existían condiciones de desplazo que garantizaran una vivienda segura para los ciudadanos cuyas casas han sido expropiadas. Así, una de las “lecciones” que han aprendido después de dejar sin hogar a cientos de familias en el país, ha sido esta:
“Tenemos una Copa y debemos tomar algunas medidas en las ciudades sede. Pero no hay una política que resuelva estos problemas, que ofrezca una vivienda a las personas desalojadas por estas obras […] Antes de cualquier acción urbanística, antes de desalojar a las personas, hay que pensar donde colocarlas“, según las palabras del propio procurador.”
Las distintas esferas de gobierno se culpan mutuamente por esta situación. Según la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del ejecutivo federal, la responsabilidad por las expropiaciones fue de los gobiernos municipales y estatales y no hubo intervención federal. Además, la secretaría asegura que aún antes de las obras, el gobierno federal ha ofrecido (y sigue ofreciendo) programas para el acceso a la vivienda, tales como “Mi casa, mi vida”. En otras palabras, el gobierno afirma que aquellos que ya tenían una casa deben inscribirse a programas que otorgan facilidades para obtener una casa a crédito.
La ONU misma ha advertido al gobierno brasileño que lo que está haciendo está mal desde cualquier punto de vista. La relatora de las Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, visitó las zonas afectadas por esta política.
“El derecho a la vivienda adecuada ha sido violado en prácticamente todos los casos de expropiación. El patrón ha sido la falta completa de diálogo y transparencia con las comunidades y personas afectadas […[ Y cuando se paga indemnización o un subsidio para el alquiler, los valores son totalmente insuficientes para financiar el acceso a una nueva vivienda. De acuerdo con las leyes internacionales relevantes, una persona jamás puede quedar tras una expropiación en una situación peor que la que tenía antes, pero eso es lo que ocurrió”.
Mucho más por venir
Durante las últimas semanas, las calles de Brasil se han llenado con manifestaciones que tienen una sola cosa clara que decir: el gobierno brasileño está sacrificando los recursos y el bienestar de la población en un evento deportivo que sólo beneficiará a las grandes transnacionales. En algo están en lo correcto: el Estado tiene una deuda administrativa y de seguridad con los ciudadanos, deuda para la que la Copa del Mundo parece cada vez menos la respuesta correcta.
Los gastos del mundial también afectan a los trabajadores del sector público, quienes, tras años de protestas y exigencias de aumento, han visto en el evento un buen mecanismo para presionar al Estado.
A 16 días del arranque del evento, la huelgas del sector público continúan. En la ciudad de Salvador, el servicio de transporte público se ha suspendido casi en su totalidad. Los conductores de autobuses exigen un aumento de 12% en sus salarios, frente al 9% ofrecido por el gobierno.
Aunque la ciudad ha puesto a disposición de la ciudadanía 300 minibuses, estos no son suficientes para una población de 3.5 millones de habitantes.
En espera de 600 mil visitantes al país, el gobierno se verá obligado a poner una solución al asunto, cuestión delicada con la mirada internacional sobre Brasil.
En São Luís tampoco hay transporte y esta tarde, grupos sindicales decidirán si en Río de Janeiro suspenderán actividades en transporte, educación y salud. Este sería el golpe definitivo para el gobierno federal.
En Belo Horizonte y otras 12 ciudades, los médicos han decidido suspender 48 horas.
Las administraciones no saben cómo lidiar con las crecientes manifestaciones. Fernando Haddad, alcalde de São Paulo, ha llamado a las manifestaciones y huelgas “sabotaje” y “vandalismo” y, junto al tribunal, ha decidido fijar una multa de 90 mil dólares a las organizaciones que “abusen de su derecho a huelga”. Queda ver quién juzgará eso y bajo qué criterios.
A las huelgas se van sumando distintos sectores. Maestros de educación primaria, media y universitaria salieron a marchar el 23 de abril, afectando al más de 60% de las clases.
Algunos grupos han llamado a una huelga general el 12 de junio, día de la inauguración. Ese día, Brasil se sacudirá, y no sólo al interior de los estadios.