Pese a sus gimoteos y contar con la doble nacionalidad, Diego Cruz no la libró. Las autoridades españolas no se lo quisieron quedar y ayer, el joven que muchos recordarán como miembro de la nada honorable banda de “Los Porkys”, llegó a nuestro país.
Con su detención, Cruz es el segundo de los cuatro implicados en la supuesta violación de Daphne Fernández que se encuentra en manos de las autoridades de nuestro país. Previamente se logró la detención de Enrique Capitaine, supuesto líder de la banda. Recordemos que el ahora detenido logró huir del país aun cuando había una orden de detención en su contra. Esto hizo que la Interpol emitiera una ficha roja para que su búsqueda se extendiera a nivel internacional.
De acuerdo con El País, cuando Cruz fue identificado en España intentó mentir sobre su identidad (incluso cambió de corte de pelo y optó por utilizar lentes) y alegó poseer la nacionalidad española. Sin embargo, ninguno de sus alegatos fueron suficientes. Ahora, tras siete meses de proceso legal, llega a México para enfrentar el cargo de pederastia tumultuaria, delito por el que podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.
Aún dos de “Los Porkys” siguen en libertad: Gerardo Rodríguez y Jorge Cotaita. El primero desde el comienzo de las investigaciones fue librado de cualquier cargo, supuestamente por ser un simple testigo de los hechos. El segundo sigue prófugo y además estaría implicado en la muerte de Jonathan Peña, un corredor de 35 años que en 2013 falleció atropellado.
Cotaita y Cruz son los dos jóvenes que enfrentan cargos de mayor gravedad, ya que aunque Daphne señala a Enrique Capitaine como el que la violó, los otros dos cometieron el abuso en grupo, lo cual eleva el grado del delito.
El caso de “Los Porkys” logró provocar la indignación a nivel nacional debido a que evidenció la impunidad latente en el país. Hijos de familias adineradas y con influencias en los círculos de poder de Veracruz, los jóvenes gozaban de su libertad, pese a admitir su responsabilidad en un video que circuló en redes sociales. De acuerdo con las autoridades, su declaración no servía como evidencia, ya que más que aceptar el delito, lo que hacían era disculparse.