La contienda presidencial del 2012 será recordada por muchos años como una de las más polémicas. El PRI, luego de 12 años, volvió al poder y las sospechas alrededor de la campaña no dejan de suscitarse. El caso MONEX será uno de los más emblemáticos casos en los que la ley, simplemente nada pudo hacer.
Llegó la hora estelar para la Unidad de Fiscalización del IFE. Los consejeros se encomiendan a leer, examinar y evaluar los reportes y dictámenes que éste les proporciona. A petición del PAN y el Movimiento Progresista, el caso Monex es prioridad y aparece en el primer acto. La denuncia del caso Monex proviene de semanas precedentes al 1 de julio, el equipo de campaña de Vázquez Mota fue quien percibió primero un extraño aroma cercano a las oficinas del PRI. Ellos encontraron la primera tarjeta Monex en Guanajuato, sospechaban que con ésta se comprarían votos, que había 750 millones de pesos detrás de esa cuenta y la probabilidad de una triangulación ilegal para el financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (resultó que sólo eran 70 millones).
Fue entonces que el IFE –orgulloso de su unidad de fiscalización- anunció que, en efecto, se encontró una triangulación y sub contrataciones entre cinco empresas (Monex, Inizzio, Efra, Atama y Alquino) cuyo fin era ocultar el financiamiento del que fueron proveedores para los intereses del PRI. El IFE nos recordó sus éxitos del pasado en el área de financiamientos ilegales, como el “Pemex Gate” y el caso “Los amigos de Fox”, ahora añadían al aparador de sus victorias el “Monex Gate”, pero ha quedado en el pasado aquel IFE presidido por José Woldenberg del año 2000, quizá la única versión de este instituto que ha gozado de credibilidad.
Algunos se preguntaran ¿por qué financiamiento ilegal? La respuesta se encuentra en la ley electoral mexicana, que prohíbe obtención de recursos a través de empresas mercantiles. Es ilegal dado que es una aportación y no un préstamo con contratos legales; lo cual desembocó en polémica entre los consejeros electorales.
A final de cuentas -es cierto- ya nada, ni nadie quitaría de la silla presidencial a Peña Nieto. Al igual que en los casos del pasado, sólo se aspiraba a una multa significativa, pero una sanción es lo menos que se puede esperar en aras de un desesperado intento para que los partidos políticos se apeguen al juego limpio. El PRI quedaría marcado oficialmente como el tramposo que utilizó el ofensivo recurso de aprovechar la necesidad de los marginados; pero no sucedió, la verdad quizá no se vuelva oficial pero sí quedará en la memoria y sospechas de las masas (y en algunos vídeos de YouTube).
¿Qué sucedió?
Tras revisar el dictamen de la Unidad de Fiscalización, los consejeros debatieron acaloradamente sobre el caso Monex. El reporte indica que se encontró una triangulación entre empresas mercantiles que proporcionaron dinero a la campaña priísta, dotando al partido de monederos electrónicos que utilizaron para un fin “desconocido”. Ante este hallazgo, el PRI argumentó que dichos monederos fueron utilizados para pagarle a su gente durante el día de la jornada electoral; se refieren a las personas que les ayudaron en las casillas electorales como representantes vecinales del partido, para hacer sondeos y un sinfín de estructuras que utilizan todos los partidos.
Además, este reporte de gastos no lo añadieron a la contabilidad de los gastos de campaña pues –argumentan- ese dinero fue utilizado después de la campaña y que sólo se utilizó en tres estados. Sin embargo, el IFE encontró que se usaron las tarjetas en todo el país y decidió re ubicar estas cifras, las añadieron a sus gastos de campaña y aun así, no rebasaron el tope (todo se lo deben al recurso del prorrateo). Encima, hallaron que algunas de las empresas participantes en este asunto, se encuentran incurriendo en diversas ilegalidades financieras.
Así fue que los consejeros electorales debatieron tecnicismos legales para decidir si sancionar al PRI o no (todos menos uno). Entonces Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, María Marván y Benito Nacif votaron a favor de una multa contra el Partido de la Revolución Institucional, mientras que Macarita Elizondo, Marco A. Baños, Francisco Guerrero y Leonardo Valdés creen que no se le debe sancionar. El argumento central de los pro multa se basa en que el PRI jamás comprobó en qué se utilizó dicho dinero, nunca quedó claro el destino de los fondos, no acreditaron los contratos de pago a las personas que dicen haber contratado; los que estaban en contra de la multa, sostienen que el dinero sí se utilizó para cubrir los gastos de la jornada electoral y que no se puede comprobar fehacientemente que tuvo fines ilegales pues existen contratos con las empresas participantes que acreditan que fueron préstamos y no aportes.
De cualquier forma, la votación se encontraba empatada y es entonces que llegó el momento protagónico de lo que parecía un actor secundario: Sergio García Ramírez, un priísta de sepa, que llegó a ser pre candidato presidencial en los años ochenta, además de amigo cercano de la empresa Inizzio. Primeramente se excusó por sus cercanías con estos entes, confesó el conflicto de interés del que es parte y así justificó el que no hubiese votado en primera instancia y su ausencia en el debate previo, pero igual, rompió el empate e inclinó la balanza para los que no sugerían una multa. Fue entonces cuando se perdió toda seriedad en el Instituto Federal Electoral. Cabe aclarar que los nueve consejeros “votaron a favor del dictamen”, es decir, en el fondo están de acuerdo en que el PRI obtuvo financiamientos ilegales por medio de la triangulación antes mencionada, ningún consejero cuestionó que el PRI incurriera en irregularidades en los contratos con las empresas mercantiles; la división de consejeros se encuentra en el análisis e interpretación que dieron cuatro de los consejeros que sostienen que el PRI no acredita el fin de esos recursos y por ende proponían una multa. Los otros cinco sostienen que el reporte del PRI sólo necesitaba una reclasificación de gastos y no había más que hacer con el tema.
Tope de Gastos de Campaña
Para comprender lo sucedido en la discusión de este tema, es necesario conocer el recurso de prorrateo. Es gracias a este recurso que los contadores del PAN y el PRI lograron armar una contabilidad que no violara la ley de gastos de campaña, mientras que los contadores del Movimiento Progresista se vieron… digamos muy desordenados.
El prorrateo consiste en repartir los gastos de algún acto de campaña electoral en diversos candidatos. Es decir, mientras cualquier spot, mitin, cartel, espectacular y demás, le hiciera publicidad a cualquier otro candidato que competía por cualquier otro puesto, el gasto se podía dividir entre todos los beneficiados. Por ejemplo, cuando Peña Nieto acudió a un acto de campaña en “Zumpango de los Santos” y ahí además de hacerse promoción, también promocionaba al candidato que competía por algún puesto en su municipio, hacían prorrateo, pues los gastos de ese acto no sólo beneficiaron a Peña Nieto, sino también al candidato de Zumpango de los Santos; entonces el gasto de campaña se divide. O por ejemplo ¿recuerda usted que en cada spot de Josefina Vázquez Mota, al final se escuchaba o leía: “vote por los candidatos a senadores del PAN”? Ahí tenemos otro uso del recurso del prorrateo. O cuando, en la gorra que le dieron en el mitin de AMLO, que también traía el nombre de un candidato a diputado federal, eso es prorrateo.
Pero hay una condicionante más, la ley dice que cualquier gasto que beneficie a más de una campaña deberá repartirse de la siguiente manera: la mitad de ese gasto se repartirá a partes iguales entre todas las “campañas beneficiadas”. Y la otra mitad se repartirá según los porcentajes que decida la coalición. Es decir los partidos pudieron elegir arbitrariamente qué porcentaje de gasto se dedicó a cada campaña. Un ejemplo, en el acto de cierre de campaña de Peña Nieto en el Estadio Azteca se hizo promoción a otros 99 candidatos; el IFE calcula que dicho acto costó unos 4millones 658mil pesos. Entonces en su reporte de gastos y tras la división de gastos entre los candidatos, para efectos de la campaña de Peña, ese acto le costó 46mil 845pesos. Aquí es donde entra la crítica del PAN, quienes argumentan que el PRI abusó del recurso de prorrateo. Sin embargo, el IFE tiene la capacidad de adentrarse en el reporte y rectificar la división porcentual de los gastos de campaña, es decir si el PRI dice que solo el 1% del gasto en el Estadio Azteca va para la campaña de Peña Nieto, ellos pueden meterse y determinar otro porcentaje; y al parecer lo harán. La crítica de la coalición de izquierda se centra en que el criterio del IFE a la hora de determinar los porcentajes de prorrateo no ha sido equitativo. Es por esta razón que se acusa a la campaña de AMLO cómo la única que rebasó el tope de gastos.
Por ejemplo, la Unidad de Fiscalización calcula que el acto de clausura de AMLO en el Zócalo costó 2millones 779mil pesos, pero a diferencia de Peña, no lo dividió entre Mancera y los candidatos a delegados, diputados y senadores que se presentaron ese día, sino que fue completo a los gastos de López Obrador. Otro ejemplo, en el dictamen se puede constatar que ante la falta de información de los partidos, el IFE tuvo que fiscalizar gastos como las gorras que repartieron. Calculó que las gorras de la coalición de izquierda costaron $16.30pesos (por gorra) y se le asignaron a la campaña de AMLO, mientras que las de Peña –estima el IFE- costaron 0.16 centavos.
Críticas al Prorrateo.
Recordemos, el artículo 177 del reglamento de fiscalización permite a los partidos “prorratear” sus gastos de campaña, de estos gastos el 50% se permite sea dividido de forma arbitraria por cada partido y el otro 50% de las erogaciones se divide a partes iguales entre las campañas beneficiadas. Así fue que, en algunos casos, el PRI le designó el 1% de los gastos a Peña y el resto lo repartían entre el resto de los candidatos beneficiados. Por alguna razón, en muchos de los casos la coalición de izquierda designaba el 34% de los gastos a la campaña de AMLO, es decir, dividía en partes iguales entre los candidatos beneficiados de un determinado acto, aún en la plena libertad de designarle un porcentaje menor para no rebasar el tope. Este fue el prorrateo en términos concretos.
Una vez especificados por los partidos, los criterios de prorrateo son inamovibles, esto conlleva una naturaleza problemática. Parece contradictorio con la misma propuesta de establecer “topes en los gastos de campaña”.
El académico y especialista del CIDE, Javier Aparicio ejemplifica esto de la siguiente forma:
Supongamos que un candidato presidencial realiza un acto masivo de campaña de un millón de pesos. ¿Cuánto debería impactar esta erogación en su reporte de gasto de campaña? La respuesta obvia, que un millón de pesos es un millón de pesos, es incorrecta. Con la ley vigente, el gasto adjudicado a la campaña presidencial depende del número de candidatos o campañas potencialmente beneficiadas por el evento masivo y, por otro, de la tasa de prorrateo elegida por cada partido.
Un candidato presidencial realiza un mitin acompañado de 9 candidatos a diputados y eligió un prorrateo al 1% para su campaña. Como hubo 10 campañas beneficiadas, al candidato presidencial le corresponderán 50 mil pesos por el componente igualitario (500 mil pesos entre 10 candidatos). Y como el prorrateo es de 1%, del otro medio millón de pesos le corresponden 5 mil pesos. En total, el evento de un millón de pesos sólo impacta en 55 mil pesos al gasto del candidato presidencial (orador principal del evento).
¿Entonces qué sentido tiene establecer topes en el gasto de campaña? Basta de acompañarse de una horda de candidatos para diluir poco a poco el gasto real. Al final, las cuentas de PAN, PRI y PRD son bastante similares. Queda claro que los partidos de izquierda necesitan nuevos contadores, que todos los partidos incurren en irregularidades en sus gastos, los cuales a veces detecta el IFE y a veces no; de cualquier forma el excederse en estos gastos no es causante de nulidad de la elección.
Resulta interesante comparar los sistemas electorales de diferentes países, son tan contrastantes como sus culturas y pareciera responden a estas mismas. En México el financiamiento para campaña proviene del dinero público, pues sí fuese proporcionado por privados se señalaría como un acto de complicidad. En contraste, en una sociedad donde el capitalismo es piedra angular de su propia cultura como lo es la estadounidense, todo el financiamiento proviene de inversores privados (sobre todo de las grandes corporaciones).
En sí, las campañas estadounidenses se definen en gran medida por el dinero que logra recolectar cada candidato; para muchos, el problema de esto es que si Wal Mart apoyó a un candidato, este candidato beneficiará de alguna forma a la empresa, “le paga el favor” por así decirlo (de hecho, muchos creen que las propuestas de los candidatos gringos son una mezcla de las agendas de las empresas que les apoyan) por lo que sus discrepancias son en temas no tan trascendentales, (discrepan en posturas sobre el aborto pero jamás en el modelo económico), es entonces que ningún candidato puede darse el lujo de presentarse como la voz de los marginados. Y existe el curioso caso de Japón, donde está totalmente prohibido hacer campaña mediante radio y televisión (y pronto por Internet). Todo tiene que ser a la vieja usanza para ganarse la confianza de cada pueblo y evitar el exceso demagógico.
Muchos juzgarán a los tres partidos políticos por incurrir en trampa tras trampa, por tener tan excesivos gastos (que dicho sea de paso nosotros padecemos en tv, en radio y en la calle) pero también cabría preguntarse ¿Es posible realizar una campaña electoral de las dimensiones de la mexicana con 336 millones de pesos? Lo dudo bastante. Sobre la actuación del IFE, la mayoría estará descontento con su actuar pero también me parece válido recalcar que todo su actuar ha sido conforme a la ley. No sabemos sí la férrea defensa de sus argumentos responda a intereses partidistas, lo que sí sabemos es que cada una de sus acciones tiene un respaldo jurídico, que usan la ley de acuerdo a sus propias interpretaciones eso es un hecho, pero eso no responde a un problema simple como el de que éstos sean cooptados o corrompidos, sino al problema profundo de las reglas que contiene un Estado de derecho como en el que pretendemos vivir. Las instituciones se convierten en grilletes.
Por Aldo Bravo