¿Qué es la Ley Federal de Variedades Vegetales?

Por Andrea Pliego, Elisa Caballero y Beatriz Acevedo

La diversidad genética

Queremos poner en la mesa dos ideas establecidas (social y científicamente) que definen la producción de alimentos en la actualidad: por un lado, que los recursos naturales son materiales rentables para la industria; por el otro, la creencia de que, al día de hoy, contamos con la tecnología indicada para producir alimentos (genéticamente modificados) de tal manera que podremos acabar con el hambre.

La combinación de estas dos maneras de pensar han provocado la negación del entendimiento profundo de lo que es la vida; tanto ésta como todo recurso natural, tienen la capacidad inherente de autoreplicarse. En ese proceso, se adapta y mejora, según el contexto en el que se encuentra, surgiendo así, una diversidad de formas de vida, o diversidad genética (ver Shiva, V. y Carpa, F.).

Este conocimiento, a lo largo de la historia de la humanidad ha sido fundamental para hacer agricultura.

Lxs trabajadorxs de la tierra han dedicado 10,000 años para refinar sus procesos de selección y así generar una variedad vegetal que se adapta a su suelo y sus condiciones climáticas. Esto implica germinar semillas diversas, que varían entre ellas y que se producen en procesos naturales. Son ciclos largos de replicación, en los que se llevan a cabo la transformación y la adaptación.

La biotecnología actual aún está lejos de alcanzar esa refinación. En ese sentido, las patentes que benefician a la experimentación y a grupos selectos de científicxs y corporaciones de la industria alimentaria, son un obstáculo y potencial destructor de quienes siguen practicando (especialmente en nuestro país) técnicas tradicionales, ancestrales y que reproducen el expertise, completamente legítimo y avalado por una experiencia milenaria. Estos conocimientos y aplicación de los mismos tienden a enfocarse tanto en la salud del ecosistema como en la abundancia del cultivo para cubrir necesidades alimentarias. El ejemplo más claro de esto, es el despunte de la agroecología a lo largo de las últimas cuatro décadas.

La reforma a la LFVV y por qué afecta a la biodiversidad del país

En el contexto de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México adquirió el compromiso de armonizar su marco legal con el tratado multilateral. Entre las actualizaciones legales en puerta, está la reforma propuesta a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Respondiendo al T-MEC y los acuerdos establecidos, México debe ratificar o incorporarse a varios tratados internacionales respecto a la propiedad intelectual.

Éste es el caso del Tratado de la Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), el cual, desde su versión más reciente (1991) dejó de reconocer los derechos de lxs campesinxs a tener un libre intercambio y uso de sus semillas y adoptó una lógica empresarial y mercantilista. A partir de ese momento, las semillas dejaron de verse como el sustento de la vida y la biodiversidad genética y se convirtieron en un bien más que se puede explotar y alterar.

Foto: Cultivo de maíz en Milpa Alta, cortesía de Guardianes del territorio Agrícola. Diagrama informativo: B. Acevedo.

Lo que la reforma propone es incentivar la creación y otorgar derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales que hayan pasado por un proceso comprobable de “mejoramiento”. Asimismo, contempla la criminalización de aquellxs productorxs que utilicen las variedades registradas con fines comerciales sin la autorización de lxs obtentorxs; esto, con el fin de “proteger” la investigación y la transferencia de tecnología en materia de variedades vegetales y de reducir “la piratería” de semillas que representa pérdidas de alrededor de 80 millones de dólares al año para la industria formal.

Otros de los argumentos mencionados por parte de quienes impulsan esta reforma, son el aumento de la productividad del campo nacional, la soberanía alimentaria al reducir las importaciones de granos y el aumento de la innovación al servicio del bienestar de la sociedad mexicana, así como, generar una resiliencia ante los efectos potenciales de la crisis climática sobre la producción de alimentos. Sin embargo, numerosxs colectivxs y organizaciones de la sociedad civil han señalado los riesgos que presenta esta reforma tanto para lxs pequeñxs y medianxs agricultores, como para nuestra cultura, seguridad alimentaria, biodiversidad y ambiente.

De entrar en vigor esta reforma, se podrá privatizar/controlar la propiedad intelectual de las semillas por medio de la implementación de multas que oscilan entre cientos hasta millones de pesos a quienes intercambien semillas, o la capacidad de las autoridades a destruir sembradíos completos. Por otro lado, esa búsqueda de “aumento de la productividad” del sector agrícola mexicano probablemente estará enfocada en el impulso de monocultivos clave, como podrían ser la producción de granos de arroz y maíz (los cuales tienden a ser exportados para alimentación de ganado) o cultivos como los de arándanos, frambuesas, fresas o zarzamoras (cuyas exportaciones alcanzaron las 400 mil toneladas en 2019 y tuvieron un crecimiento del 10% entre 2018 y 2019), dejando de lado las variedades vegetales que no tengan un valor comercial (pero sí un valor ecosistémico).

Aprobar dicha reforma representaría una grave pérdida no solo de la biodiversidad genética que tenemos, sino, también, de uno de los factores culturales más representativos de nuestro país.

Además, es importante notar que estaríamos apostando por que haya una mayor industrialización de la agricultura (lo cual va totalmente en contra de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030), dejando al país en manos de grandes corporativos estilo Monsanto que podrían tener todo el control de los cultivos que se produzcan en el país.

De igual manera, se estaría vulnerando aún más a las comunidades indígenas, campesinas o productoras de pequeña y mediana escala, las cuales resguardan las formas tradicionales ancestrales de producción agrícola y que, de por sí, ya viven en condiciones marginadas. Tal es el caso de la piratería, donde el mayor daño infligido es para lxs pequeñxs y medianxs productores, quienes son engañadxs con este tipo de semillas, las cuales pueden provocar contaminación de las tierras con plagas más resistentes y enfermedades, afectar la calidad y el rendimiento de los cultivos y acelerar la degradación del ecosistema.

Conclusión

Esta reforma va más allá de sólo controlar qué se cultiva en México e “incentivar el desarrollo económico del sector agrícola”. Representa la pérdida de nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro conocimiento ancestral; además, pone en riesgo la capacidad del ecosistema de regenerarse al producirse una considerable pérdida de la biodiversidad genética. De igual manera, no podemos hacer a un lado el conocimiento milenario solamente para incrementar indicadores económicos que supuestamente serán la solución a los problemas de hambre y pobreza que vivimos actualmente y que nos hacen vulnerables; ya que, en la realidad, todo esto reduce nuestras capacidades de resiliencia y adaptación (de manera sectorial o interseccional) ante la crisis climática.

Aun cuando México ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París o la Agenda 2030 para actuar frente al cambio climático (lo cual significa buscar un desarrollo sostenible que involucre la salud y protección tanto ambiental como social), vemos que al nivel de los tomadores de decisiones se sigue prefiriendo un desarrollo económico extractivista, lineal, exclusivo (que solo beneficia a unos pocos) y que no considera el bienestar de la población (en particular la más vulnerable) o de los recursos naturales. Se sigue prefiriendo un saqueo ecológico a cambio del aumento del PIB; ignorando por completo la capacidad de carga de nuestro ecosistema y el costo futuro que tendrá dicha explotación; dando por sentado que podremos seguir depredando sin repercusión alguna.

“Permitir que sean las corporaciones las que impongan sus restricciones, es permitir un robo descomunal que tarde o temprano nos dejará en manos de quienes hoy nos arrebatan las semillas y ya buscan arrebatarnos la existencia” (Red en Defensa del Maíz, 2019).

Por otra parte, si pensamos en que las semillas provenientes de estas corporaciones usan biotecnologías que se basan en producción de variedades vegetales con modificaciones genéticas, caemos en cuenta de que nuestro alimento será un experimento legitimado por el sistema estatal. Así, cabe la pregunta: ¿qué regulación existe sobre esta experimentación? Catástrofes como la crisis actual por el COVID-19, la cual pudo haber sido potenciada por experimentos genéticos, tráfico de animales, entre otras teorías, podrían volverse completamente factibles.

Es una falacia que el uso actual de transgénicos o semillas de diseño representan la solución viable ante el problema de hambruna y a la adaptación del sector agrícola ante los efectos de la crisis climática. Basta con mirar la malnutrición que existe en nuestro país (y el mundo) al basar la alimentación en sólo ciertos cultivos de interés (redituables económicamente), o ver la pérdida masiva de suelos saludables, al extraerles las variedades de especies que necesitan coexistir para proveerlos de los nutrientes que necesitan para mantener su fertilidad (ver Lappé et al).

Existen alternativas como la agroecología; la tecnología que más se ha acercado a los saberes campesinxs y de cultivo tradicional. Usando este conocimiento lxs campesinxs de estos lugares han logrado evitar pesticidas, o ingeniería genética para aumentar la producción.

“El cultivo orgánico es sustentable porque engloba principios ecológicos que han sido experimentados por la evolución a través de billones de años” (Fritjof Capra, 2001).

Finalmente, es importante recordar que la naturaleza misma creó esta diversidad genética y biológica para sostener, proveer y mantener ecosistemas funcionales, sanos y resilientes; por tanto, perderla significa perder toda capacidad de adaptarnos ante la crisis climática.

¿Y yo que puedo hacer? ¿Cómo incidir en el tema desde nuestras acciones individuales?

Principalmente, informémonos de la toma de decisiones que se llevan a cabo en nuestro país. Investiguemos, contactemos a nuestrxs funcionarixs y participemos activamente en las decisiones políticas. Debemos encontrar los medios para dar nuestra voz respecto a los temas que nos afectan a todos. Aquí hay una petición que puedes firmar. O consultar el comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.
Hablemos del tema con todxs. Igualmente, debemos promover esta conversación para que más personas estén enteradas de qué está pasando.
Busquemos consumir productos locales a los que podamos rastrear su ciclo de vida y forma de producción. Impulsemos a lxs pequeñxs y medianxs productores; asimismo, revisemos nuestros hábitos en términos del territorio al que pertenecemos.
Aprendamos sobre nuestro entorno, nuestra historia y tradiciones y sobre los recursos naturales. Tengamos una educación ambiental. No podemos dejar de lado la biodiversidad y diversidad cultural de nuestro territorio. Este reconocimiento nos ayuda a poder plantear soluciones más inclusivas y transversales ante los diferentes problemas socioambientales.
Reconozcámonos como seres vivxs que son parte del ecosistema y no lxs dueñxs de él. Aprendamos sobre qué es la vida en un sentido holístico; sobre las dinámicas no lineales en la naturaleza, pensamiento sistémico, procesos de cultivo, ciclos de nutrientes y sistemas regenerativos. Esto nos ayudará a mantener sistemas productivos de bajo impacto y con un enfoque a la conservación.
Impulsemos técnicas y prácticas (como agroecología, huertos urbanos, compostaje, etcétera) que nos permitan generar una soberanía alimentaria. Al reducir nuestra dependencia de grandes corporaciones, estaremos un paso más cerca de lograr el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.