Lo que necesitas saber:
Según la FGR, los 38 mdp con los que Emilio Lozoya compró el modesto inmueble provenían de un soborno que le pagó Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.
Hace unos días se armó la tradicional cábula que se arma (valga la redundancia) cada que una institución mexicana la cajetea y la razón no era para menos: Emilio Lozoya le había, según, dado la vuelta a la Fiscalía General de la República (FGR), al conseguir que ésta se viera obligada a devolverle un modesto inmueble valuado en 38 millones de pesos. Pero no más risas, ahora verán porqué…
Apenas la FGR está tramitando la apelación para no devolverle casa a Emilio Lozoya
Tal como lo adelanta el título de esta nota, la corporación liderada por el fantasmal Alejandro Gertz Manero quiere sacar la casta y –dice– que no le va a devolver ni ma$%&s al exdirector de PEMEX. Una respuesta inicial al fallo que emitió la jueza federal Ana Lilia Osorno, quien declaró improcedente un recurso legal que la FGR presentó para quitarle su casita a Lozoya.
Sin embargo, la FGR salió muy chiles con un anuncio en redes que inicialmente presume que “el inmueble que Emilio ‘L’ [o sea, Emilio Lozoya] adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, sigue asegurado y no será devuelto”, la cosa no es tan así. Según aceptó la propia fiscalía, apeeeeeenas está en proceso el recurso de apelación contra la entrega del inmueble valuado en 38 millones de pesos.
Mientras asunto se resuelve, casa de 38 millones de pesos seguirá asegurada
Por el momento la FGR no señala bien, bien a qué artilugios legales recurrirá para revertir la decisión de la jueza Osorno, nomás dice que su fallo se basó en un criterio “inaceptable”, ya que éste niega la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
De acuerdo con la FGR, será en los próximos días cuando con más calmita se expliquen los alegatos con los que se negará devolverle a Emilio Lozoya un inmueble valuado en 38 melones. Por lo pronto, la casita se encuentra legítimamente asegurada gracias a que ésta tiene que ver con otro procedimiento penal (uno relacionado con delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según explica la FGR).
La ley que –según la FGR– la jueza se pasó por el arco (la Ley de Extinción de Dominio) señala que “que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado”. Por lo tanto, son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma. Esto, independientemente de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad.