Se acaban de prender las alarmas de los derechos digitales por la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y ya estamos ante una nueva preocupación. Este miércoles, El País presentó un reporte más que revela el verdadero riesgo en el que se encuentra la privacidad de los mexicanos.
Entre 2019 y 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) pagó 5.6 millones de dólares en programas de espionaje masivo de teléfonos celulares.
Los documentos encontrados por El País revelan que el gobierno de México —en plena cuatroté— compró dos sistemas específicos. El primero es una herramienta de geolocalización de teléfonos y el segundo es un servicio de análisis de datos masivos sobre usuarios de internet.
De acuerdo con los contratos revelados por la periodista Zorayda Gallegos, las compras se financiaron con una partida secreta de la FGR que permite que no se hagan públicos.
“La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, como ha advertido la R3D en diversos informes”, señala El País.
Los mismos proveedores que la época de EPN
Aunque técnicamente los servicios fueron comprados a Rayzone Group, originaria de Israel, los contratos se firmaron con una empresa mexicana llamada Neolinx.
Si esa empresa les suena, es porque estuvo relacionada con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (@R3D), esa empresa estuvo relacionada —entre 2014 y 2015— con la venta de equipos de vigilancia para la Secretaría de la Defensa Nacional de Cienfuegos, el extinto CISEN, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.
*Con información de Zorayda Gallegos en El País y la Red en Defensa de los Derechos Digitales