Todos recordamos el famoso caso de Florence Cassez y su inesperado final en enero de 2013. Esta mujer francesa, acusada de múltiples secuestros con fundamento es sobradas evidencias, fue dejada en libertad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de siete años de encierro. El argumento fue que el Gobierno Federal, al pretender montar un espectáculo mediático durante su detención, había entorpecido cualquier proceso legal transparente. En palabras más sencillas: la corte decidió que el gobierno tenía la culpa de que no pudieran decidir si la acusada era culpable o no.
En aquella ocasión, el país se conmocionó: Francia se había puesto del lado de su ciudadana luego de conocer la sentencia de 60 años de cárcel dictada en 2009 y de ver el montaje televisivo que el gobierno de Felipe Calderón había realizado para levantarse el cuello y dárselas de eficiente. Televisa y TV Azteca transmitieron la detención, supuestamente en vivo. Más tarde se sabría que aquello había sido una dramática recreación que supuestamente debía complacer a los ciudadanos.
Tras siete años de encierro, la presión francesa logró reabrir el caso en México hasta obtener la libertad de la acusada.
Resultaba sorprendente, pero cierto, que el caso hubiese dado un giro hacia el proceso legal y que dejara de lado los testimonios de las víctimas de Florence Cassez y su organización. Una lección, al menos, debió aprender el gobierno mexicano: en la lucha contra el crimen, jugar al espectáculo y pasar por alto el respeto al derecho de quién sea, puede salir más caro para justicia de lo que podría pensarse.
Las consecuencias siguen siendo visibles. Apenas el día de hoy, Florence Cassez presentó en París una denuncia por detención y encarcelamiento ilegales. Está dispuesta, dice, a hacer lo necesario para llevar a los responsables a los tribunales, ya sean mexicanos, franceses o internacionales. Según su abogada, Sophie Thonon, la denuncia persistirá hasta que se “identifique y condene a los autores de la detención ilegal de la que fue víctima”.
“Estuvo detenida durante siete años en condiciones, a menudo, inhumanas”.
Pues bien, serán muchas las autoridades investigadas en nuestro país por un caso que no es sino resultado del absurdo de las autoridades, que prefirieron convertir a la televisión en el nuevo ministerio público. Tan sólo queda esperar que esa misma presteza en la investigación pueda verse en el futuro al abordar casos de corrupción y procesos judiciales turbios levantados en contra, ahora sí, de inocentes.
Vía: La Jornada