Lo que necesitas saber:
Desde la postura del gobierno, la solicitud de detención provisional debió enviarse de manera confidencial para evitar este tipo de escenarios.
Durante la mañanera del 4 de mayo, un comentario de la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, desató la polémica. Y es que, por lo que dejó ver, la intención del gobierno no era que nos enteráramos de lo ocurrido con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Mencionó que Estados Unidos rompió un principio básico del debido proceso y de la presunción de inocencia al filtrar el expediente de Rocha y otros nueve funcionarios, acusados de presuntos nexos con el narcotráfico y por quienes se habría solicitado su extradición.
La consejera insistió en que este tipo de acusaciones deben mantenerse en privado, ya que una exposición anticipada puede afectar el caso. Incluso, aseguró que se ha generado un “linchamiento mediático” y señaló que desde distintos espacios ya se ha emitido un juicio sobre las personas involucradas.
También explicó que, desde la postura del gobierno, la solicitud de detención provisional debió enviarse de manera confidencial para evitar este tipo de escenarios. Esto, dijo, está respaldado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que funciona como garantía para proteger el debido proceso.
Además, reiteró que hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes para llevar a cabo una detención, por lo que se exige que existan elementos sólidos antes de proceder con cualquier acción judicial.
Por ahora, queda la duda, si esta filtración no fue un error, entonces ¿buscaba generar presión mediática desde EU para acelerar las detenciones?
