La tarde de este miércoles era uno de los momentos importantes para el proceso judicial que la Procuraduría General de la República (PGR) sigue en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Se llevaría a cabo la audiencia intermedia para que un juez federal aceptaría 110 pruebas en contra del exgobernador. Por su parte, la defensa también tendría la oportunidad de presentar sus propias pruebas y que el juez desacreditara las de la PGR.

Entre las pruebas de la Procuraduría están los testimonios del exjefe de policía Arturo Bermúdez y de presuntos cómplices en las operaciones de lavado de dinero.

¡Pero sorpresa! Todo indica que Javidú se declarará culpable del asunto de asociación delictuosa y lavado de dinero. 

Justo como lo leen.

Fuentes federales citadas por el diario Reforma, refieren que desde finales del pasado mes de agosto, los abogados de Duarte comenzaron con la negociación de un trato con la Subprocuraduría de Delitos Federales para así declararse culpable y obtener los beneficios que corresponden.

Lo que se logró fue un pacto con la PGR para llevar a cabo un procedimiento abreviado y obtener las condenas mínimas que están previstas por la ley para los delitos antes mencionados. Además, cada una de esas condenas se podría reducir una tercera parte.

Finalmente Javidú tomó la decisión de evitar el juicio que antes mencionabamos en donde la PGR presentaría 110 pruebas en su contra y pidió la pena de 25 años de prisión por los dos delitos de lo que lo acusan.

Recordemos que la PGR está acusando a Duarte por asociarse con otras personas para desviar recursos públicos durante su administración utilizando empresas fantasma y prestanombres. Para ser específicos estamos hablando de 41 inmuebles comprados con dinero público.

Este dinero habría ido a parar a propiedades como ranchos, departamentos y la abundancia que merece su esposa, Karime Macías. 

Es por eso que cuando la PGR presentó la acusación el pasado 21 de agosto, también pidió de una vez el decomiso de 21 parcelas en Campeche, 6 inmuebles en la Ciudad de México, 5 en Quintana Roo, 4 en Veracruz, 4 en Guerrero y uno en el Estado de México. Humildemente 41 en total.

Entre las 110 pruebas que iban a ser presentadas en su contra había 72 interrogatorios a testigos, 33 escrituras y documentos, así como 5 series fotográficas y redes de vínculos. Así lo refiere Reforma.

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