Los muchos fans del gobernador que ha hecho de Veracruz un lugar en el que el mayor crimen es el robo de golosinas, pueden dormir tranquilos: no habrá juicio político en su contra.
Javier Duarte, nombre del gran estadista, libró la posibilidad de enfrentar a la justicia por cometer actos y omisiones que han afectado los intereses públicos de los ciudadanos jarochos, gracias al resultado de una reunión que, a puerta cerrada, sostuvieron legisladores que forman parte de las comisiones de Gobernación y Justicia Puntos Constitucionales del congreso de Veracruz.
Aunque los diputados del PAN estuvieron en contra de desechar la demanda, fueron los del PRI y PVEM quienes se encargaron de evitar que pasara la moción, por considerarla “electorera”… claro, de cara a las próximas elecciones estatales.
Aunque no se sabe bajo qué alegatos Duarte salvó el pellejo, seguro nada tienen que ver con el hecho de que uno de los diputados que desecharon la solicitud fue el del Partido Verde, Eduardo Sánchez, dueño de una cadena de periódicos que se benefició de convenios de publicidad de la actual administración estatal…
Tampoco el que el diputado priista, Marco Antonio del Ángel Arroyo, es hijo de dirigente nacional de los 400 pueblos, organización que se ha encargado de boicotear la mayoría de las manifestaciones que buscan criticar al gobierno de Duarte.
Fue a comienzo del mes cuando la fracción panista presentó la demanda de juicio político contra el mandatario jarocho. Además de atentar contra los intereses públicos de los veracruzanos, se le acusó de violar a la constitución y presentar fallas en materia presupuestal… por si fuera poco, también se le acusa de incrementar la deuda pública del estado.
En fin, con todo ese negro historial, la pregunta es: ¿por qué solo él?, ¿cuántos gobernadores no tendrían que ser juzgados por lo mismo? Pues por eso, para que no haya “preferencias”, mejor ninguno.