En medio de las numerosas manifestaciones, el profundo malestar social y el anuncio de las medidas para menguar los efectos del gasolinazo, el debate sobre la polémica Ley de Seguridad Interior, o #LeyGolpista, como se le ha conocido a través de redes sociales, ha iniciado en el Congreso. Dos propuestas, una proveniente del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados y la otra presentada por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, serán revisadas por los legisladores a partir de este martes 10 de enero.
Pablo Escudero Morales, presidente del Senado de la República, indicó que la finalidad de la propuesta es regular la función del Ejército para preservar la seguridad interior, la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos. En otras palabras, la Ley de Seguridad Interior significaría entregarle a las Fuerzas Armadas facultades para investigar y perseguir delitos, funciones para las cuales no están capacitadas.
En caso de aprobarse la ley, a las operaciones militares de rutina —como patrullajes, custodia de instalaciones estratégicas y asistencia a la población en casos de desastre— se les sumarían “otras que puedan ser necesarias”. Esto constituye un gran problema porque, de acuerdo con la académica Catalina Pérez Correa, este nuevo marco normativo para el Ejército iría acompañado de una lógica de Seguridad Nacional. Lo que significaría que las acciones de los militares no serían transparentadas ni sujetas al escrutinio público, ya que no tienen la obligación de rendir cuentas.
Las iniciativas en estudio tienen como objetivo regular la función de las fuerzas armadas en tareas del orden civil, entre otros.
— Pablo Escudero (@Pabloescuderom) 8 de enero de 2017
La legislación en materia de seguridad interior busca preservar el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y los Derechos Humanos.
— Pablo Escudero (@Pabloescuderom) 8 de enero de 2017
El argumento principal la nueva Ley de Seguridad Interior está sustentado en un bucle infinito de vicios: como no hay policía confiable y limpia, necesitamos al Ejército pero mientras los militares estén en la calle, no se profesionalizará a las policías. De acuerdo con el periodista Carlos Puig, la iniciativa para crear la #LeyGolpista propiciaría que los estados y municipios pusieran en manos de otros la responsabilidad de procurar seguridad en lugar de construir policías y procuradurías limpias. A la larga, indica Puig,“el Ejército necesitará y obtendrá más recursos que después no querrá dejar”.
Según Catalina Pérez Correa, si la propuesta se vota a favor, se facilitaría el uso arbitrario de la fuerza, sin que se pudiera exigir rendición de cuentas o se pudiera realizar una investigación al respecto. Ambas iniciativas, afirma la profesora e investigadora de la división de estudios jurídicos del CIDE, facultarían al Ejército para hacer “uso de la fuerza pública contra la protesta (incluso la pacífica)”. El periodista John Ackerman concuerda con este punto, asegurando que en caso de aprobarse la ley, los militares estarían autorizados para —por ejemplo— perseguir a miembros de la oposición y de movimientos sociales.
¿La Ley de Seguridad Interior es anticonstitucional?
La propuesta de encomendar la seguridad pública a los miembros de las Fuerzas Armadas, que podría desembocar en un uso discrecional del Ejército por parte del Poder Ejecutivo, apunta Pérez Correa, está viciada desde su origen. Según comenta la maestra y doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, ni los diputados ni los senadores están facultados por la Constitución Mexicana para legislar en materia de seguridad interior. “De aprobarse, se trataría de una ley anticonstitucional que busca darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita”, apunta la especialista.
De acuerdo con John Ackerman, el Ejército sólo puede participar en asuntos de seguridad nacional. A tal punto que el artículo 129 de la Constitución les prohibe “ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” en tiempos de paz. Tanto la propuesta del PRI como la del PAN, afirma Pérez Correa este martes 10 de enero en su columna en el periódico El Universal, ponen a todos en riesgo, incluso a los militares, quienes estarían más expuestos a excederse y a ser juzgados en tribunales nacionales e internacionales.
