Aunque su misión es promocionar, apoyar, fomentar, orientar y demás verbos que terminen en “ar”, el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas,  en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) consideran innecesario que el Código de Procedimientos Penales sea traducido a lenguas indígenas… pa’qué, si ni le van a entender. Y no por lo rebuscado del lenguaje jurídico.

De acuerdo con Reforma, en mayo pasado, la Comisión Permanente del Congreso le pidió a la dependencia fletarse con una traducción del ordenamiento jurídico… aunque sea a las principales lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Sin embargo, los de la CDI se quisieron evitar la fatiga y dijeron “pa’qué, si esos güeyes ni leer saben”… Bueno, no lo dijeron así de gacho, pero sí remarcaron el hecho de que tener un Código Penal en lengua indígena no es necesario, ya que el 80% de los indígenas son “analfabetas” de su propia lengua.

¿Y si este chavo es del otro 20% y se le da por estudiar Derecho?

“Es importante mencionar que de acuerdo con el Censo de Población del 2010, del total de la población en México sólo el 5.9% es hablante de la lengua indígena, y de ese porcentaje, el 80% es analfabeta de su propia lengua (…) Por lo que la traducción del Código no tendría impacto significativo en el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, señaló la CDI en su respuesta.

¿¿Entonces el 20%??

 Bueno, si muchas ganas tienen de un Código en otomí, tzotzil, zapoteco o el que se les ocurra, pues pídanlo al Instituto Nacional de Lenguas Indígena… tampoco lo dijeron así de feo, pero en la CDI aseguraron que el trabajo solicitado era atribución del mencionado Instituto. Pero, de cualquier forma, no le veían caso:

Tan sólo entre hablantes de náhuatl, maya, mixteco, tzetzal y zapoteco, hay 6.6 millones de indígenas en el país. De esa población, cerca de 8 mil 412 están encerrados en diferentes cárceles del país. Pese a esto, la inclusión indígena al nuevo sistema penal acusatorio está en pausa y sólo se cuentan con 575 intérpretes y traductores. Estos datos utilizaron los legisladores para intentar no minimizar la necesidad de códigos penales en lenguas indígenas. Pero si dicen que de nada sirve, pues ni modo.