Si desde hace rato los sacerdotes tienen obligación de cooperar con las autoridades, cuando de casos de pederastia se trate, ahora el Papa Francisco quita unos de los “candados” que representaban impedimento para que esto se diera de manera más contundente: el secreto pontificio.
De acuerdo con El País, la abolición del llamado secreto pontificio representa terminar con la “ley de silencio” que ha caracterizado las denuncias de abuso a menores, por parte de miembros de la iglesia católica.
Además de lo anterior, el término del secreto pontificio se vislumbra como un acelerador de los trámites de denuncias, para que eventualmente lleguen a manos de las autoridades civiles… tal y como ya sucede en países como Estados Unidos.
La promulgación de la abolición del secreto pontificio implica que la norma entra en vigor inmediatamente. Según se establece, esta ley desaparece la secrecía impuesta por el sumo pontífice en casos o investigaciones de alta gravedad, como lo son las denuncias de abuso de menores.
Cabe señalar que la abolición no repercute en el secreto de confesión, por lo que si le contaron a su padrecito de confianza que se manosearon con una intensidad delincuencial… pues no hay bronca, él va seguir “chitón”. No, ya en serio: la norma promulgada por el Papa Francisco no afecta el secreto de confesión.
Lo que sí contempla la desaparición del llamado motu proprio es el deber de los sacerdotes a cooperar con las autoridades en caso de mandatos ejecutivos. Antes esto no se realizaba –según indica El País– en un afán de “esconder las miserias”.
Pero ahora, ¡pelas!…. ya que si bien los padrecitos habían sido requeridos de estarse flojitos y cooperando, cuando de información en casos de abuso se trataba, ahora se reafirma el requerimiento y hasta se les pide entregar toda la documentación que ayude a limpiar la imagen de la igles… digo, que requieran las autoridades judiciales.
“Los documentos no serán de dominio público pero, por ejemplo, se facilitará la posibilidad de una colaboración más concreta con el Estado, en el sentido de que la diócesis que tiene una documentación determinada ya no está ligada al secreto pontificio y puede decidir —como debe hacer— colaborar transmitiendo copia de la documentación también a la autoridad civil”, indicó el director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli.