Con lo decidido ayer por el juez, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, ve irse la posibilidad de asilo político en México. Su destino, al menos para los próximos 18 meses, será estar encerrado.
De acuerdo con diversos medios, la medida contra Pedro Castillo es cautelar, sólo en lo que la fiscalía complementa la investigación en su contra. Aún así, serán 18 largos meses en los que el expresidente de Perú estará en prisión, sin posibilidad de salir.
Así lo dispuso el juez supremo, Juan Carlos Checkley, “al encontrar fundados elementos de convicción, eventual condena superior a cuatro años de pena privativa de la libertad y peligro procesal”, señala el mensaje difundido por el Poder Superior de Perú.
Ahhh y por “peligro procesal”, el juez se refiere a que hay riesgo de fuga… más que justificado, ya que una vez que se dio a conocer la orden de detención en su contra, Castillo trató de pedir asilo político a México. De hecho, diiiiiicen que fue detenido cuando ya se dirigía al consulado de nuestro país.
Hay que recordar que fue la semana pasada cuando Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú y, luego, aprehendido. Todo luego de ordenar disolver al Congreso y pretender establecer estado de excepción. Por estas acciones (las cuales aún no se sabe a ciencia cierta por qué las realizó) ahora está acusado de rebelión y conspiración en contra del Estado.
Según lo que consta en el código penal de Perú, la pena a la que se enfrentaría Castillo sería de, mínimo, 10 años de prisión.
“El magistrado también ordenó comparecencia con restricciones y reglas de conducta para el expremier Aníbal Torres, investigado en el mismo caso”, resume el Poder Superior de Perú… ya que la resolución completa consta de 104 páginas.
En esta resolución se explica que, además de tratar de disolver al Congreso de Perú, Pedro Castillo también tenía la intención de reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, todo esto “en flagrante atentado contra los Poderes del Estado, el Orden Constitucional del Perú y la autonomía de los organismos que forman parte del Sistema de Justicia”.
La resolución en contra de Pedro Castillo se da en medio de fuertes protestas en contra del recién implantado gobierno de Dina Boluarte, el cual no ha tenido de otra (bueno, sí tiene, pero no quiere) que decretar Estado de Emergencia y suspensión del derecho de reunión y tránsito.