La procuraduría General de la República (PGR) comenzó una averiguación previa en contra de Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, lo acusara de un supuesto fraude por un monto de 2 millones de dólares aproximadamente.
La demanda fue interpuesta por Ortega Sánchez el pasado 16 de marzo, porque él considera “un engaño a los contribuyentes mexicanos y al gobierno federal” el dinero que se le da al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sí, los mismos que trabajan en el caso Ayotzinapa y quienes desmintieron la “verdad histórica” que el entonces procurador Jesús Murillo Karam dio sobre lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Misteriosamente la demanda vino después del duro informe que a principios de este mes presentó la CIDH sobre la “Situación de los derechos humanos en México”.
En este informe se hace hincapié en los niveles de violencia por los que atraviesa el país, así como la falta de justicia en territorio mexicano. El informe no fue bien recibido por la Secretaría de Gobernación, en donde aseguran:
“Dicho informe no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.
Por supuesto que la demanda se da en circunstancias muy sospechosas, desgraciadamente en México estamos acostumbrados a pensar mal porque así acertamos, es por eso que decidimos acudir a un experto en materia de Derechos Humanos sobre las intenciones verdaderas detrás de la demanda.
Esto nos platicó Jacobo Dayán:
“La impresión que me da es que con esta demanda quieren generar entre la opinión pública que el grupo de expertos (GIEI) no funcionó. Hay una campaña contra el grupo de expertos desde hace ya varios meses con varios articulistas y “notas periodísticas” en las que dicen que son corruptos e ineficientes. Ahora la demanda se suma a esta campaña de desprestigio que ya tiene meses contra organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos, con la intención de preparar el terreno y negarle la ratificación del mandato del grupo de expertos aunque no se concluya nada”.
Algo que tampoco cuadra para Dayán es que la PGR comience una averiguación ante la denuncia de José Antonio Ortega Sánchez en vez de que se pongan a investigar casos como el de Humberto Moreira que tiene investigaciones previas en España y en Texas, por ejemplo.
Al preguntarle sobre el rumbo de esta demanda y si era probable que procediera, Dayán respondió con un rotundo NO:
“La acusación no procede por ningún lado, Emilio es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿cómo lo pueden acusar de esto?. Simplemente es para crear un ambiente en México en el que organismos de derechos humanos no tengan cabida en el país”.
Es absurdo que se le acuse de robo o fraude, cuando esos 2 millones de dólares son parte de un acuerdo al que llegaron el gobierno mexicano con el Grupo de expertos. Este dinero es el que se ha usado para los viáticos y los gastos de los integrantes del GIEI, además de que también cubre los gastos del equipo de trabajo que necesitan.
Cabe resaltar que esta demanda también viene después de que Vidulfo Rosales, uno de los abogados de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, denunciara la falta de ética de la PGR al poner “obstáculos” al trabajo de investigación que realiza el grupo de expertos del GIEI.
De acuerdo con Jacobo Dayán lo único que está logrando el gobierno mexicano es echarse encima a más organismos internacionales:
“Ya lo había hecho antes con Juan Mendez, relator especial sobre tortura, a quien el gobierno desacreditó como persona y ahora lo están haciendo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el grupo de expertos del GIEI. Para ellos solamente la PGR y el gobierno mexicano están bien”
Esta demanda parece más una revancha por el informe “Sobre los Derechos Humanos en México” que presentó la CIDH, una campaña de desprestigio en contra de las organizaciones y los representantes que defienden los derechos humanos en nuestro país.
Es una cosa grave, es perversa la forma en la que se utiliza la justicia con fines políticos y facciosos en México, donde parece que la justicia está en manos no de quien la merece sino de quien puede pagar por ella.