Por Georgina Ríos
En una reciente entrevista, Claudia Sheinbaum declaró que “No hay planeación en la Ciudad de México. Pero yo no quiero dedicar mi gobierno a la planeación”. Agregando que eso se haría durante la transición. Ella recibe una ciudad que -en términos generales- está peor que hace seis años. Sabemos que hay mucho que hacer y no podemos permitirnos improvisaciones. En especial, porque nuestra nueva Constitución da entrada a una serie de cambios y nuevas instituciones que transformarán la proyección al futuro de nuestra urbe. Debemos hacer de la planificación una acción prioritaria para garantizar el éxito de las iniciativas que se implementen para lograr la ciudad que soñamos.
La falta de planeación es evidente en los problemas que nos aquejan: asentamientos urbanos irregulares, falta de agua, transporte público insuficiente y rebasado, entre tantas otras. Pero, ¿qué es planeación? Es diseñar política pública con base en evidencia, haciendo una administración responsable y sustentable del territorio, en conjunto con las demás entidades del área metropolitana; gestionar el crecimiento demográfico y hacer políticas transversales que prioricen el desarrollo urbano integral para atender las problemáticas que tenemos.
A la planeación le sigue la implementación de los programas y, por último, su evaluación. Para saber lo que se hace bien y mal en la administración pública -incluyendo si se hace un uso político de programas sociales- se debe partir de un sistema básico de evaluación de políticas públicas que permita establecer un parámetro de medición y comparación para alcanzar mínimos aceptables, y esto se logra necesariamente con base en un proceso depurado de programación y proyección.
Decir que no hay planeación en la CDMX es algo exagerado. De hecho, hay dos instrumentos públicos robustos que han ayudado a mejorar los procedimientos: la Ley de Planeación del Desarrollo del D.F., de la que se desprende el Programa General de Desarrollo (PGDDF) y contiene las bases para la integración y funcionamiento del sistema de planeación del desarrollo y las atribuciones de los órganos de gobierno en la materia; y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que regula la programación, presupuestación, ejercicio y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la CDMX, incluido el presupuesto destinado a los programas sociales y sectoriales derivados del PGDDF.
El problema es que no hay una sola herramienta, en ninguna de las dos leyes, que vincule una con otra de tal manera que no haya un desfase entre ambas al implementarlas ni un marco regulatorio que castigue a las dependencias por no cumplir con los indicadores establecidos. Tampoco ayuda que, en conjunto, en los cuatro niveles de programas que se desarrollan a partir del PGDDF hay más de 2000 indicadores, un número simplemente no manejable para efectos de seguimiento y análisis.
La Jefa de Gobierno electa no sólo debe dar seguimiento a los programas de planeación ya existentes sino que además inicia una nueva era para la ciudad con el 1er Congreso de la CDMX. La nueva Constitución que prioriza la planificación del desarrollo urbano y, por tanto, ayudará a corregir los problemas que existen actualmente al respecto. La Constitución incorpora dos elementos esenciales que pueden impulsar al punto óptimo la planificación urbana de la CDMX: la creación de un Consejo de Desarrollo Metropolitano, que revisará los proyectos y obras de infraestructura que se postulen al Fondo Metropolitano del Valle de México, y la puesta en marcha del Instituto de Planeación Democrática y de Prospectiva, que diseñará y evaluará los planes de desarrollo de la ciudad y las alcaldías regularmente para continuarlos o depurarlos y mejorarlos de ser el caso.
Sobre la creación del Instituto en particular, éste debe operar por ejes temáticos, lo que permitirá atender la base de los problemas más apremiantes; tener comités ciudadanos para servir de contrapeso al ejecutivo bajo el cual opere y estará integrado con las áreas de planeación de cada secretaría; y con un marco normativo que una la parte de planeación con la de asignación de presupuesto y así evitar que se diluyan responsabilidades. Justamente, la vinculación entre las leyes de planeación antes mencionadas a través del Instituto permitirá que el gobierno de la ciudad no sólo gestione el dinero público sino que éste sea planificado, presupuestado y monitoreado para mejorar los recursos humanos y financieros dedicados a implementarlo.
Habrá de verse si por sí mismo el Instituto en particular, y los nuevos instrumentos de planeación incorporados a la Constitución en general, ayudan a subsanar los vacíos actuales en la planificación. Al final, el objetivo es mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la mejora de programas sociales y la asignación de dinero para ello. Por eso estos procesos no se limitan a decisiones técnicas, son un reto político y social que requiere de la participación de todos los sectores para alcanzar el máximo beneficio para los ciudadanos.
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Georgina Ríos es miembro de Wikipolítica CDMX, una organización política sin filiaciones partidistas.
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