Ricardo Monreal, político de Morena, cumplió un año al frente de la delegación Cuauhtémoc. En 2015 el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador se hizo de una demarcación con un dominio perredista de década y media. Monreal se convirtió en delegado, quizá más que por el apoyo de AMLO, por las pobres y opacas administraciones del PRD que estaban “más pendientes de la clientela que de los vecinos”.
Con el arribo de Monreal a la delegación Cuauhtémoc, se prometió un cambio en la manera de gobernar y la manera en la cual se relacionaría con la ciudadanía. A un año de su mandato las cosas no pintan mejor que entonces, incluso las tensiones que ya acusaba ese territorio se han exacerbado: la histórica demarcación vive uno de sus momentos más críticos.
¿Cuál es la situación actual? Patrimonio territorial ha sido arrasado sin ton ni son, los ambulantes pululan y se multiplican libremente por la delegación, además de la proliferación descontrolada de permisos para establecimientos mercantiles. Los vecinos de la Cuauhtémoc, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, “se sienten olvidados o burlados por el doble discurso del político zacatecano”.
Voracidad Inmobiliaria
Dos de las colonias más emblemáticas e históricas de la delegación Cuauhtémoc han padecido una alarmante destrucción patrimonial a lo largo del último año: de acuerdo con el reportaje, en la Roma y la Condesa se han derrumbado inmuebles protegidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su valor arquitectónico para construir, en su lugar, condominios y establecimientos.
Mexicanos Contra la Corrupción documentó hasta 79 oficios de casos similares, pidiendo a Monreal el cese de las obras en 63 inmuebles catalogados. De acuerdo con los periodistas de la organización, la administración de Monreal ha tolerado la destrucción patrimonial ya sea por falta de acción luego de ser notificada por el INBA o por desorden administrativo (los reporteros indican que las versiones de los distintos departamentos se contradicen entre sí).
Trámites exprés
La maquinaria que hace esto posible, de acuerdo con el mismo INBA, es la voracidad inmobiliaria facilitada por la omisión de las autoridades para hacer cumplir el Programa de Desarrollo Delegacional —publicado en septiembre de 2008— donde se tienen identificados qué predios pueden ser destinados a qué usos: ya sea habitacional, habitacional con comercio, equipamiento o espacios abiertos.
El reportaje indica que para poder intervenir esos edificios protegidos sin recibir el visto bueno del INBA, los desarrolladores inmobiliarios acuden a un gestor que se encarga de facilitar todos los trámites burocráticos, además de evitar que alguien “venga a clausurarte las obras”. ¿Qué es lo que piden los facilitadores? Un anticipo significativo y un pago mensual de entre 20 y 30 mil pesos.
De acuerdo con un gestor inmobiliario que describió el proceso ilegal para tramitar permisos de forma exprés, los facilitadores son “un equipo de gente que trabaja en la delegación pero que no forma parte de la estructura de la delegación. Oficialmente no trabajan ahí, pero sí traen chalecos, gafetes, todo”. Para conseguir la autorización ilegal, es necesario presentarles los planes a los facilitadores, ellos van a cotejarlo con sus jefes de la delegación y “según el sapo, es la pedrada”.
Los usos de suelo
La Roma-Condesa se distingue por ser un enclave restaurantero más que exitoso. Por lo mismo, ha generado una enorme demanda para obtener permisos que permitan la apertura de más establecimientos del mismo giro. En la ley se especifica que para poder conseguir el permiso es necesario acreditar que el uso de suelo permite actividad comercial de ese tipo en el predio.
Por los planes de desarrollo urbano, los usos de suelo para restaurantes están limitados… con la intención de que las colonias se desarrollen de manera integral con establecimientos de otros giros: escuelas, hospitales, museos y viviendas. ¿Entonces cómo le hacen para seguir abriendo restaurantes y bares en esas colonias? Algunos acuden con gestores especializados en permisos comerciales.
“Alguien que hace la tarea sucia”, dice un gestor sobre la tarea de sembrar documentos que autoricen el uso de suelo en los archivos de la delegación. De acuerdo con un restaurantero de la zona, que asegura haber recurrido a este esquema más de una vez, el trámite extralegal sale en aproximadamente un millón de pesos. “Aquí no hay cheques, aquí es la mafia: todo en efectivo”, señala el gestor.