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¿Hacia una militarización? Los riesgos de la Guardia Nacional, según la ONU-DH

Mientras el tema de la distribución de la gasolina y el combate contra el huachicoleo se han desarrollado como uno de los temas más importantes de esta semana, las audiencias públicas sobre la creación de la Guardia Nacional también se llevan a cabo y, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH) y la ONU, esta propuesta no es la mejor idea para combatir la inseguridad en México.

La CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) entregaron un análisis a la Cámara de Diputados en el que señalan los riesgos que implica la creación de la Guardia Nacionalsobre el respeto a las garantías individuales de los mexicanos y mexicanas—.

El dictamen del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos

En su intervención, el jueves 10 de enero, Jan Jarab, representante de Naciones Unidas, ejemplificó las fallas de la propuesta de AMLO que busca ser avalada por la Cámara de Diputados.

Los ejemplos se basaron en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos “Alvarado Espinoza y otros contra México” y “Trueba Arciniega y otros contra México”.

De acuerdo con el análisis, se supone que la participación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad tendría que ser extraordinaria, pero en la propuesta de Morena esto no es así:

Hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe ser circunscrita a criterios de estricta necesidad”.

Además,  la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos puso énfasis en que la Guardia Nacional no está “debidamente” regulada y, menos, fiscalizada. Pero eso es sólo uno de los muchos puntos a señalar.

“No hay garantías” de la no repetición de los casos

Según Jab Jarab, la propuesta no da garantías para la NO repetición de los casos. Es decir, que los militares no vuelvan a incidir en las violaciones de derechos humanos que se han registrado en sexenios anteriores.

La Marina y el Ejército en tareas de seguridad

Con respecto a la mezcla que se pretende hacer —aquello de juntar a la Policía Federal y al ejército y la Marina—, la ONU-DH explicó que este mix puede debilitar los esfuerzos para construir una Policía Civil, sin la injerencia del ejército —y más bien reduciría su fortalecimiento—.

Sistema de Justicia Penal

En la propuesta todavía queda una pregunta, ¿cuál sería el impacto de la incorporación del sistema de justicia penal en la investigación de los delitos?

¿En realidad disminuye la violencia?

Según el reporte de la ONU-DH desde que comenzó la operación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, aquí en México, la violencia “se ha disparado”. Entonces, replicar viejas fórmulas —de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto— no es lo ideal.

¿Hacia una militarización? Los riesgos de la Guardia Nacional, según la ONU-DH
Foto: California Medios.

Mando civil

Durante las audiencias públicas, este punto tuvo una modificación —ante la presión de grupos civiles—. ¿De qué hablamos? Se supone que  en la propuesta aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la Guardia Nacional estaría vinculada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por un plazo máximo de cinco años —en lo que se supone la violencia disminuye—.

Ante el contenido del dictamen, la ONU-DH se unió al llamado para que la Guardia Nacional esté bajo un mando Civil y de manera directa.

Y —ojo aquí— en la audiencia del 11 de enero, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió a los diputados que la Guardia Nacional quede bajo un mando civil y dependa de esta secretaría.

Sin embargo, la propuesta se desglosa en el área administrativa y operativa, pues la Secretaría de Seguridad sería la encargada del mando civil administrativo mientras que la Sedena se encargaría de la operatividad:

“La dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, policías estrategias y acciones. La dependencia del ramo de la Defensa Nacional, conforme a la ley, dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, ingreso, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las tareas de la Guardia Nacional estén homologados”, de acuerdo al proyecto de dictamen que circula en la Cámara de Diputados.

Es decir, un mix donde la Guardia Nacional se perfila como una extensión de la Sedena y compartida por la Secretaría de Seguridad —lo que ha dejado muchas preguntas en colectivos y analistas—.

 

La investigación del delito

El artículo 21 de la Constitución podría ser modificado para que la Guardia tenga el poder para investigar delitos.

Sin embargo, de acuerdo con estándares internacionales, la investigación de los delitos, así como la restricción de los militares para meter su cuchara en el marco jurídico civil está restringida porque no existe un ente civil… aunque en el dictamen aprobado se planea la participación del Ministerio Público.

Sin el reconocimiento de las instancias internacionales

El dictamen no incluye el reconocimiento “incondicionado” de la Corte Penal Internacional.

Y, ¿la rendición de cuentas?

Aunque habría una evaluación de la Guardia, el dictamen no garantiza la rendición de cuentas —para deslindar de manera jurídica las responsabilidades de funcionarios y elementos de Sedena, la Marina y la Policía—.

Además, el Congreso no cuenta con las herramientas suficientes para incidir en la estructura y tareas de la Guardia Nacional.

Los dineros o el presupuesto también quedan lejos de la mano del Congreso, pues las evaluaciones a la Guardia sólo son de corte “normativas”.

¿Hacia la militarización?

Finalmente, la ONU-DH consideró que hay que echarle un ojo a estos puntos porque de lo contrario el país se acercaría a su militarización y, por las experiencias que hemos tenido desde la “guerra contra el narcotráfico”que inició Felipe Calderón, los resultados no han sido nada buenos.

Por cierto, las audiencias públicas terminaron su jornada el sábado 12 de enero. Y se supone que del 16 al 17 se votaría en la Cámara de Diputados, ante la atención de las organizaciones civiles, políticos y los ciudadanos.

**Foto de portada: California Medios.

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