El esclarecimiento de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de este año, ha levantado una fuerte polémica entre la sociedad y no es para menos. La discusión ha revelado dos fuertes posturas sociales de cara al combate del crimen organizado, que representa el más fuerte y urgente problema de seguridad en el país.
El 30 de junio, un enfrentamiento entre presuntos criminales y miembros del ejército tuvo lugar en Tlatlaya luego de que estos últimos acudieran a atender un supuesto caso de secuestro. Tras dos fuertes episodios de fuego cruzado, resultaron muertos 22 de los presuntos criminales, todos ellos jóvenes. La versión oficial afirma que cayeron en combate, aunque testigos han dado una versión muy diferente de los hechos, según la cual, los soldados habrían disparado en contra de los jóvenes luego de que éstos se rindieran y entregaran sus armas (además de que aparecieron fotos que contravienen la versión oficial).
Tras conocerse esta posibilidad, 25 elementos del ejército han sido detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) para ser investigados. Al menos 3 de ellos podrían ser acusados de homicidio y 8 serán procesados por una corte marcial. Las autoridades han informado que los testimonios de varios de ellos se contradicen y que la escena parece haber sido modificada deliberadamente antes de que los peritos acudieran a ella el día de los hechos.
Lo que resulta realmente llamativo de la polarización de opiniones en este caso, es que a muchos parece importarles poco si los soldados abrieron fuego en contra de criminales desarmados y rendidos o armados y a la defensiva. La discusión en las redes sociales se ha centrado, por otro lado, en justificar o reprobar las acciones de los militares, aun en el peor de los escenarios. Por un lado, algunos afirman que es imposible justificar la matanza de cualquier persona, criminal o no, luego de que se haya rendido. Si esto fuera permitido, afirman, se daría carta libre a las fuerzas armadas para cometer un sin fin de delitos más. Por otro lado, existen quienes celebran la matanza, incluso en el caso en el que los jóvenes se hubiesen rendido, puesto que es el trabajo del ejército es terminar con los miembros del crimen organizado, sin importar el contexto, más aún considerando que, de haberse dado el caso al revés, los criminales no hubieran tenido ninguna clase de miramiento.
Por supuesto, en el cumplimiento de la primera función del Estado, la de garantizar la seguridad, ninguna excepción a la ley es válida: se trata, justamente, de evitar un posible Estado de Excepción. Sin embargo, más allá de elegir alguna de estas posturas, con seguridad el caso Tlatlaya pone de manifiesto no sólo la crisis de inseguridad del país, sino también pone en entredicho las condiciones laborales de los miembros de las fuerzas armadas, la viabilidad de la estrategia de seguridad (que ha terminado por militarizar diversas entidades) y, por su puesto, la confianza en el ejército.
Mientras son muchos los que exigen un esclarecimiento del caso, otros también han exigido la liberación de los miembros del ejército detenidos. Algunos de sus simpatizantes, entre ellos sus esposas, han creado un movimiento social llamado #YoSoy26 y han convocado a través de Facebook a una marcha para el 11 de octubre que partiría del Zócalo con dirección a los Pinos. Asimismo, han abierto una petición en Change.org dirigida “al pueblo mexicano y al mundo entero” en la que puede leerse:
“Por que esas personas eran criminales. No es justo que castiguen al soldado por matar criminales y al criminal no le digan nada al matar a un soldado. Es injusto que los encierren por hacer su trabajo solo para quedar bien. El pueblo de México exige la liberación de esos hombres, su restitución y un pago por los daños causados. Si dejamos que encierren a los militares por hacer su trabajo bien, entonces después no nos quejemos por que el narco nos secuestra a un ser querido.” [sic]
Frente al caso Tlatlaya, cabe ponerse a pensar cuál es el papel de la suspensión de la aplicación de la ley y del respeto a los derechos humanos en la estrategia nacional de seguridad, pero también cuáles son las condiciones en las que los miembros del ejército trabajan. Una posición acertada frente al caso no se reduce a condenar o a celebrar lo ocurrido en Tlatlaya, sino que se pregunta si las distintas esferas de gobierno se están conduciendo por el mejor de los caminos en materia de seguridad para evitar que algo así vuelva a ocurrir alguna vez.