Esta mañana, en conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay una investigación por “malos manejos de recursos en el Conacyt” pero explicó que es una situación que va a resolver el juez porque “el que nada debe nada teme”.
“Es que tenemos que combatir la corrupción por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción“, afirmó.
En este sentido, este mismo día Animal Político reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó por segunda ocasión una orden de aprehensión en contra de 31 científicos e investigadores por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
¿Qué hay detrás de este asunto?
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.
Dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) hay tres instancias de coordinación y consulta: el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGECDTI), la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) siendo este último una asociación civil.
El Foro, creado en 2002, es un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del CGICDTI y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En 2019 el Conacyt notificó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre mal uso de recursos públicos, duplicidad de atribuciones y mal uso de datos personales dentro del Foro Consultivo. La mesa directiva del Consejo denunció que durante la administración de Enrique Peña Nieto el presupuesto que se le otorgó la asociación excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, los polémicos 200 millones de pesos.
El Conacyt aseguró que todo ese dinero se usó para sostener una amplia gama de personal administrativo y de investigadores, pero también para pagar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos, etc.
“En el sexenio anterior, el Conacyt transfirió más de 200 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. para gastos operativos y actividades que por ley le corresponden al Conacyt”, se lee en un comunicado de 2019.
Además, denunció que el Foro pudo haber violado la Ley General de Protección de Datos Personales porque envió al menos dos correos a los más de 30 mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores para promocionarse y distribuir consultas, esto sin permiso del Conacyt.
Poco después de la denuncia, el Foro Consultivo respondió que todas sus atribuciones están definidas en la Ley de Ciencia y Tecnología y que ninguna duplica las del Conacyt. Explica que los correos no promocionaban al Foro y que para el ejercicio de sus funciones no necesita de acuerdos previos con el Conacyt porque es un órgano autónomo.
Respecto a los dineros, el Foro Consultivo explica que la Ley de Ciencia y Tecnología determina que el Conacyt otorgará los apoyos necesarios para “garantizar el adecuado funcionamiento del Foro, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
Por ello el Foro presentó una lista con datos históricos de recursos asignados de 2003 a la fecha, dinero que hasta 2018 fue de 218 millones 577 mil pesos.
“En el último año y medio (2019) se invirtió 0.36% en telefonía celular, por cierto en apoyo de las actividades, no de la operación; 0.67% en bocadillos, 7% en servicios generales, 18.92 % en servicios personales para la administración y operación y 70.7 % en el desarrollo de proyectos“, se lee en el comunicado.
El asunto es que esto no quedó en acusaciones y la denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la República en contra de 31 académicos, colaboradores y administrativos del Conacyt.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
La batalla inició entonces en instancias legales. En primera instancia, el juez Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa dictó una sentencia concediendo la razón jurídica al Foro Consultivo reconociendo su derecho de recibir dinero para su operación permanente.
Esta sentencia fue recurrido en segunda instancia por las autoridades del Conacyt y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso por su importancia y trascendencia.
La sentencia MI/SS/D/9941/2021 de la Suprema Corte de Justicia emitida el 17 de agosto de 2021 consideró legal que el Conacyt diera dinero para la operación del Foro Consultivo desde su creación en 2002 y hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, el 17 de febrero de 2020.
Es decir, que el Foro Consultivo tenía derecho a recibir ese dinero por lo que no se trata de desvío ni de delincuencia organizada.
La FGR aún así avanzó y topó con pared
A pesar de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz-Manero, solicitó siete días después a un juez la orden de aprehensión contra las 31 personas acusadas, solicitud que le fue negada porque faltaban elementos para demostrar la supuesta comisión de los delitos.
Incluso el juez le pidió de favor al Ministerio Público que le echara ganas y perfeccionara el caso antes de lanzarse con otro intento. Es decir, que no desechó de tajo el caso y dejó la puerta abierta.
Ahora que nuevamente la FGR solicitó las ordenes de aprehensión, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el juez negó en definitiva emitir las órdenes de aprehensión.
#LoÚltimo | Un juez negó en definitiva a la @FGRMexico girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores, acusados por el @Conacyt_MX por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. pic.twitter.com/VZYwxe0TgL
— Animal Político (@Pajaropolitico) September 22, 2021
El llamado de la comunidad científica
Recientemente integrantes de la comunidad científica de México lanzaron una petición en la plataforma Change.org para que se ponga fin a la persecución por posturas ideológicas y políticas.
Afirman que la forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad es un intento de atemorizar a quienes desde la comunidad académica han expresado “pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt”.
A este llamado se unieron voces académicas como las del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para pedir a la FGR que desista de las acusaciones.
“La mera presentación de científicas y científicos mexicanos como miembros de la delincuencia organizada es un acto intimidatorio y fuera de toda proporción y razón. No solo afecta a las personas hoy acusadas injustamente, sino en realidad a toda la comunidad académica del país“, se lee en un comunicado.
— Sergio Lopez Ayllon (@slayllon) September 21, 2021
Investigadores de la UNAM y el propio rector, Enrique Graue, calificó como inconcebible la acusación contra los científicos, además de un despropósito. Hizo un llamado a respetar la separación de poderes y los derechos de los involucrados.
Ante “este despropósito; por esta acusación inconcebible d asociación delictuosa, debemos manifestarnos…”, expresa el rector de la @UNAM_MX , Enrique Graue y fija postura en defensa de los académicos perseguidos por la @FGRMexico , uno de ellos integrante de la Junta de Gobierno pic.twitter.com/NyRK7zrEQg
— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 22, 2021