En 2006 sucedió uno de los capítulos más cuestionados del Estado mexicano, en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México: casos de represión y abusos contra mujeres que protestaron en contra del proyecto de un nuevo Aeropuerto… Tras los hechos, 11 mujeres acusaron al Estado de tortura sexual y abusos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, 12 años después de los abusos denunciados, en nuestro país continúan registrándose más casos de este tipo:
“La tortura sexual ejercida contra mujeres bajo custodia de las distintas fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la política fallida de seguridad militarizada no es excepcional, sino que ocurre con preocupante irregularidad”, destacó el informe realizado por en Centro Prodh, “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”.
La #TorturaSexual es un reflejo del mal sistema de investigación de delitos complejos en México, es un gran riesgo seguir por la vía del “cheque en blanco” y la complicidad – Nuestra investigadora @LaydaNegrete 👉 https://t.co/llOvGVoblb #ConLaFrenteEnAlto https://t.co/L7Lt11sXjI
— World Justice Project (México) (@TheWJP_mx) 21 de noviembre de 2018
Tortura sexual
De acuerdo con el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), existen casos de tortura generalizada, “la tortura sexual en contra de las mujeres” es cometida con “excesiva” frecuencia por fuerzas de seguridad —tanto militares como civiles, en los niveles federal, estatal y municipal—, en especial, la violación sexual.
Sin embargo, las autoridades caen en la omisión de los casos y en el esquema institucional se alienta a que esto continúe sucediendo.
¿Por qué?
Hay un patrón en estas historias:
La detención ilegal —el informe presentó los casos de 29 mujeres que sufrieron tortura sexual a manos de elementos de seguridad—, sin que se les dijera el motivo de su aprehensión, el traslado a las instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad —donde las mujeres señalaron sufrir tocamientos, violaciones y abuso sexual— y su presentación en el Ministerio Público.
Las pruebas obtenidas bajo tortura o “confesiones”, sin que una autoridad investigue las circunstancias en que se dieron los testimonios.
Y la reclusión —conforman una cadena que se vuelve cíclica ante la omisión de las autoridades y el deficiente sistema de justicia penal—.
Los 29 casos que el informe documento sucedieron en los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
En estos, las autoridades castrenses —como el Ejército y la Marina— así como las civiles fueron señaladas como responsables.
Las recomendaciones
En la presentación del informe —que se llevó a cabo el miércoles 21 de noviembre—, Layda Negrete, investigadora e integrante de World Justice Project explicó que la tortura es el reflejo de un sistema de investigación de delitos deficiente y lleno de complicaciones.
Sin embargo, ¿cómo combatir o erradicar estas prácticas de los cuerpos de seguridad que se supone están al servicio de la sociedad civil?
El informe arrojó un par de recomendaciones, entre las que se encuentran:
Que el Poder Judicial tiene y debe garantizar la “exclusión de toda prueba obtenida directa o indirectamente mediante la tortura”. Es decir, cualquier confesión forzada debe ser analizada con detenimiento y verificar las maneras en que “se consiguió”.
El @CentroProdh presentó el informe “Mujeres con la frente en alto”, en el que denuncia diversos casos de tortura sexual.
Araceli Olivos, abogada de esa institución, analiza en #SinLínea con @oliviazeron el documento. pic.twitter.com/VBbCe7JNtu— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 22 de noviembre de 2018
En cuanto a la Procuraduría General de Justicia (PGR), esta institución deberá realizar investigaciones documentadas y en caso de denuncias por tortura, vincular el caso con la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y la Fiscalía Especializada.
Mientras, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendría que reactivar las mesas de trabajo del Seguimiento de Casos de Tortura Sexual. Además, las Fuerzas Armadas deberán de evitar cualquier violentación en razón de género.
Esto es a nivel institucional, pues además de los daños físicos, psicológicos y económicos las víctimas tienen que cargar con el estigma de haber sido recluidas en un proceso judicial injusto. El objetivo es evitar la repetición de los casos en contexto de la inseguridad y violencia que se vive de manera cotidiana en nuestro país.
❗️ Presentan informe de patrones de #TorturaSexual en torno a modelo de seguridad fallido
– La tortura se da ante la falta de capacidad para investigar
– Es fundamental el testimonio de las sobrevivientes para acabar con la impunidad#ConLaFrenteEnAltohttps://t.co/g0GBHsjX9C pic.twitter.com/DGxwRkqvPB
— Centro Prodh (@CentroProdh) 21 de noviembre de 2018
**Foto de portada: Cuartoscuro.