Bajo la advertencia de que luego no se quejen de la calidad del servicio, ya que éste necesita de cierta estabilidad, el gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega, echó pa’ tras la Ley del Agua, con la cual se vislumbraba un incremento del 27% a la tarifa del servicio.
Lo anterior no fue esporádico. Para que sucediera tuvieron que realizarse dos protestas multitudinarias en tan sólo un lapso de tres días. La primera, el pasado jueves, en la que participaron cerca de 10 mil personas. La segunda, el domingo, en la que se reunió la cifra histórica de más de 45 mil ciudadanos. Todos oponiéndose a los efectos de la criticada ley, así como al reciente incremento al precio de las gasolinas.
De los muchos reclamos, al menos consiguieron respuesta a uno
En el pliego petitorio entregado al siguiente día de la manifestación llevada a cabo el domingo 15, se exigía la renuncia del gobernador, la revocación del cargo de los diputados que votaron a favor de la Ley del Agua, eliminar a los ocho legisladores plurinominales, la promoción del amparo ciudadano contra el “gasolinazo”, el pago de sueldos retenidos a empleados del Estado, la reducción del sueldo del “gober” y su gabinete, así como la cancelación de sus “beneficios especiales”. Para rematar, en el documento se pedía la anulación del reemplacamiento y verificación vehicular y, muy importante, privilegiar el abasto de medicinas con las que se combaten enfermedades crónicas.
A final de cuentas y porque “la gente manda”, el gobernador envió una iniciativa para derogar la Ley del Agua. Así lo dio a conocer en animoso mensaje compartido en las redes sociales: “Con la abrogación de esta ley, se eliminan los incrementos en el precio del agua, pero debo ser claro y manifestarles los riesgos que implica no tomar las medidas oportunas que este tema amerita”.
Ya que está por vencerse un acuerdo bilateral con Estados Unidos, con el cual se logra abastecer gran parte del agua que se necesita en la entidad, y como con Trump no se auguran buenos tiempos para la renegociación de tratos, “Kiko” Vega señala que él nomás estaba tomando previsiones. Pero bueno, como ya lo hicieron recular y como esto no afectará a las finanzas del estado, una vez anulada, esta legislación no regresará:
“No, ya la abrogué, y lo que propuse es convocar a mesas de trabajo en las cuales deberemos sentarnos estudiosos, especialistas, académicos y la sociedad civil en su conjunto para repasar la problemática y entre todos tomar la mejor decisión. Que no se diga que queremos privatizar el agua”.