Luego de los ataques ocurridos en diversas oficinas estatales y en el transporte público de Puebla, las autoridades rápidamente dieron con los supuestos responsables, a quienes se les dio su “calentadita” interrogó, para ver si podían dar información al respecto. Claro que el trato no fue el mejor y, según las abogadas de los siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), estos fueron tratados como si fueran terroristas. Ya salieron libres con reservas de la ley, pero se les podría citar nuevamente.
Allanamiento de tres domicilios, aseguramiento de propiedades, detención sin especificar de qué se les acusaba y negación de servicio médico, todo justificado por las autoridades por la existencia de una “carta anónima” en la que el remitente detallaba haber sido testigo de una plática en la que unos muchachos comentaban sobre las explosiones ocurridas los días 27 de marzo y 1 de junio en la ciudad.
“Lo único que encontramos es una carta escrita a máquina, en una hoja simple, en la que un supuesto muchacho hace una denuncia anónima de que escuchó una plática de cuatro de los muchachos que hablan de las detonaciones que habían realizado, eso era todo lo que tenían contra ellos”.
Marely Vélez, una de las abogadas defensoras, también comenta que en el expediente de las investigaciones realizadas por la Procuraduría sólo se añaden imágenes de cámara de video en las que se ve a dos personas lanzando artefactos contra instalaciones del INE… pero no se distinguen rasgos físicos. “Eso es todo lo que tienen, no hay ninguna prueba real que pueda involucrar a los siete estudiantes, no obstante el trato que tuvieron desde el momento de su detención fue como si fueran terroristas”.
Las indecisiones por parte de las autoridades son evidentes: al principio se les dijo que eran testigos, luego tres fueron indiciados, más tarde otros tres libres de cargos… y por último se estableció que los sietes son sospechosos de haber cometido los ataques; Vélez, también miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Cese al Hostigamiento Social en Puebla, señala que esta conducta de la Procuraduría no es nueva y en otros casos se ha dado la misma situación: “después de que los detienen inician la fabricación de los supuestos indicios”.
Los detenidos señalan que durante los interrogatorios los agentes les preguntaron sobre sus actividades con el movimiento “YoSoy132” y la Asamblea General en Solidaridad con Ayotzinapa; además se les cuestionó si colaboraban para el periódico La Jornada de Oriente y si sabían hacer explosivos.
Aunque libres, las autoridades les recomendaron “mantenerse visibles”, porque en cualquier momento podrían ser llamados o detenidos. “Nos dicen que nos calmemos (…) a nosotros se nos señala como a muchos presos que hay actualmente en Puebla, sin pruebas reales, sólo se nos criminaliza porque hemos sido jóvenes que de manera pacífica y legal siempre nos hemos manifestado”, comenta Arafat Rosas, uno de los detenidos.
Las casas de los indiciados tienen sellos de la Procuraduría, además de se les aseguraron sus celulares, computadoras e incluso una camioneta. Según Proceso, con el gobierno de Rafael Moreno Valle actualmente en Puebla se tiene el registro de 139 presos políticos.
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