Marco Antonio, estudiante de la Prepa 8 de la UNAM, fue detenido el 23 de enero de 2018 muy cerca de la estación del metrobús Rosario por policías de la Ciudad de México. Después de golpearlo y subirlo a la patrulla, el joven de 17 años permaneció desaparecido 5 días, después de lo cuál apareció deambulando en calles del Estado de México con un delirium mixto secundario.
Más de un año después de que esto ocurriera, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgó un amparo a Marco Antonio y a su familia al determinar que sí se trató de un caso de desaparición forzada.
La sentencia judicial indica que son responsables de este grave delito las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y del Estado de México, así como los oficiales que lo detuvieron y torturaron.
¿Recuerdas Caso de Marco Antonio con @ManceraMiguelMX? ¡Nosotros sí! En enero 2018 agentes de @SSP_CDMX lo detuvieron arbitrariamente, incomunicaron, torturaron y desaparecieron. Poder Judicial resolvió en amparo: SÍ FUE VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA 👉 https://t.co/W0n21GXmOh pic.twitter.com/9rrRQfwyYU
— IJPP (@ppinocenciamx) 21 de mayo de 2019
¿Y ahora?
La sentencia indica que los responsables tendrán que reparar integralmente el daño a la víctima y a su familia por esta violación grave a sus derechos humanos.
Por medio de un comunicado, las organizaciones que han acompañado el caso de Marco Antonio (IJPP, ODI y REDIM) denuncian que la administración del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, decidieron políticamente que no hubo una detención arbitraria, acción con la que trataron de minimizar el caso argumentando que se trataba de otro “adolescente problemático”.
Cuando nosotros vimos los videos de #MarcoAntonioSánchez dijimos él NO es y ya no nos mostraron más imágenes. La @PGJDF_CDMX nos ha hecho una infinidad de investigaciones que nunca pedimos.
Queremos que nos entreguen a nuestro hijo sano: Marco Antonio #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/tAA4Dh6m8w
— Azucena Uresti (@azucenau) 6 de febrero de 2018
Es por ello que a consecuencia de estos casos, Marco Antonio y su familia resultaron revictimizados mediáticamente, se les negó el acceso al derecho de justicia y verdad, así como a una investigación serie y efectiva.
Afirmaron que seguirán de cerca la reparación del daño para garantizar que sea integral por parte de las autoridades y personajes involucrados.
Recordemos que al iniciar las investigaciones, el entonces procurador de justicia capitalino, Edmundo Garrido, afirmó que se contaba con elementos para señalar que ninguno de los cuatro elementos que detuvieron al menor le ocasionó lesiones.
