El presidente estadounidense Donald Trump despidió a Sally Yates, su fiscal general, luego de ordenar a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados (aquí Esteban Illades explica qué es eso con peras y manzanas).
La Casa Blanca explicó (es un decir) que Yates traicionó al departamento (y al gobierno gringo, pues) al rehusarse a ejecutar la orden que estaba diseñada para “proteger” a los ciudadanos de Estados Unidos.
Designada como fiscal por Barack Obama, en una carta a los abogados de su departamento explicó (ella sí) que es la “responsable de asegurar que las posiciones que nuestro departamento tome en las cortes sea consistente con la obligación de esta institución de buscar justicia”. Por lo mismo, no se podía seguir la orden de Trump en los términos que el presidente quería: sencillamente, por parecer anticonstitucional.
Esta acción fue vitoreada por demócratas y activistas (de todo el mundo), y quizá lo será aún más, ahora que esto le costó la chamba.
El comunicado de la Casa Blanca da como razones para despedir a Yates, además de la traición, que “es débil en temas de la frontera y migración ilegal”. Así como que “es el momento de ser serios cuando de proteger a nuestro país se trata”.
Con cada día de la administración de Trump, nuevos actos autocráticos se apelmazan. Van a ser cuatro años bien pesados, aquí, en Estados Unidos y, para efectos prácticos, en todo el mundo.