Si bien hace ocho años Sinaloa fue el primer estado donde se tipificó la difusión de imágenes —los packs— sin consentimiento y más tarde (2018) en Puebla arrancó la Ley Olimpia como otro paso para garantizar la seguridad de las mujeres ante la violencia digital, en nuestro país todavía queda un largo camino para que el Estado blinde los derechos de las mexicanas mediante la impartición de justicia.
Tan sólo basta echarle un ojo al informe que publicó la organización civil y feminista Luchadoras sobre la violencia digital e impartición de justicia.
@vvalganon “El sistema jurídico . En todos los casos de violencia contra las mujeres encontramos trabas, negativas de las autoridades, procesos largos y costosos” #JusticiaNotFound pic.twitter.com/fWG7rJnwKd
— Luchadoras (@LuchadorasMX) November 23, 2020
En el informe Justicia en trámite, Luchadoras reveló que en los últimos tres años se han abierto dos mil 143 carpetas de investigación en 18 estados de nuestro país por el delito de difusión de imágenes —videos, fotos— íntimas sin consentimiento.
De esta cifra, 84.46% de los casos fueron mujeres mientras que 83% de las carpetas de investigación siguen en trámite. Es decir, aún no se dicta una sentencia o resolución —y va de nuevo, ante este panorama, los retos son muchos.
Violencia digital en México
Entre otras cosas, uno de los problemas para la impartición de justicia, es que las reformas —los cambios a los códigos penales de cada estado— no son iguales.
Es decir, cada estado penaliza o tipifica de manera distinta la violencia digital y pues… esto constituye un sesgo para que se lleve a cabo un sistema de impartición de justicia que en principio vea por los intereses de la víctima.
Luego, está el modo en que las autoridades conducen las denuncias. De acuerdo con Luchadoras, el 17% de las carpetas abiertas encuentran su conclusión mediante “alternativas de justicia” sin tener que llegar a juicio —como la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio o el juicio oral abreviado.
Y en algunos estados —como Chihuahua y Zacatecas— las autoridades han tenido que recurrir a la figura del “perdón” por parte de la víctima para concluir el caso, lo cual NO es recomendable en casos de violencia de género, de acuerdo con la norma internacional.
Otro de los puntos a destacar es precisamente la impartición de justicia y los procesos para hacerlo. De acuerdo con Luchadoras, en México este camino está lleno de revictimización, es largo y costoso para las víctimas.
La propuesta es que la víctima debe estar en el centro del proceso y que las autoridades garanticen el acompañamiento y la reparación del daño —cosa que aún no sucede pese al camino recorrido desde 2012 y recién con la llamada Ley Olimpia que ya es una realidad en los 28 códigos penales estatales del país.
Si quieres echarle un ojo al informe Justicia en trámite, AQUÍ te dejamos el enlace.