Luego de tanto reconocimiento recibido en los últimos meses, el Ejército nacional nuevamente es acusado de un acto que va contra los derechos humanos, la labor para la que se supone existe y… bueno, es un delito.
Según familiares de siete jornaleros de Calera, Zacatecas, elementos del Ejército estarían involucrados en actos de desaparición. Los acusantes señalan que militares del 97 batallón de Infantería irrumpieron en un domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero el pasado 7 de julio para llevarse a las víctimas, quienes descansaban después de una jornada laboral.
Entre los desaparecidos -dos mujeres y cinco hombres-, se encuentran cuatro menores de edad y un ex militar que alguna vez fue parte del mencionado batallón, pero que renunció a él hace poco más de un año. La sustracción de los jóvenes del referido domicilio se dio como parte de un supuesto operativo ordenado por el coronel Martín Pérez Reséndiz, en el cual se realizaba la búsqueda de armas y drogas.
La Procuraduría General de la República (PGR), así como la Procuraduría del Estado (PGJE) ya recibieron las respectivas denuncias de los hechos, en las cuales consta que los soldados arribaron al lugar en varias unidades, una de ellas identificada con el número 0897, en la que viajaba el coronel Pérez.
Además de las denuncias, los familiares han realizado algunas protestas en exigencia de saber el paradero de los hasta ahora desaparecidos identificados como Jorge David Venegas, María Alejandra Rocha, Víctor Hugo González, Beatriz Fernández, Fernando José Rodríguez, Germán Martín García y Guillermo García.
En las mantas colgadas en puentes peatonales se pide al gobernador del estado, Miguel Alonso, pero sobre todo al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ayuda para para resolver el caso; incluso piden que al menos les sean entregados los cuerpos sin vida de las víctimas, haciendo responsable de los hechos al coronel Pérez Reséndiz “mientras no tengamos noticias de nuestros familiares”.
“Ya presentamos denuncias, fuimos a derechos humanos, fuimos a PGR, incluso ya fuimos a los batallones y ninguno quiere dar la cara. Fuimos hasta el extremo a platicar con los marinos”, comenta uno de los familiares de los jornaleros. La protesta fue llevada hasta el Congreso local, con la esperanza de recibir atención por parte de los legisladores.