Lo que necesitas saber:
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones siguen sin explicar el móvil del caso ni dar con el paradero de los estudiantes.
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, si bien hay exfuncionarios investigados por el caso; las autoridades aún no responden a preguntas vitales hechas por las familias de los normalistas.
Desde dónde están los 43 estudiantes, su paradero, hasta el móvil de las agresiones —o el monitoreo del ejército— durante el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ayotzinapa, 2014
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sucedió en contexto de la toma de autobuses que los normalistas llevaban a cabo para participar en la marcha del 2 de octubre en CDMX.
Esta toma temporal de autobuses, indica el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, era conocida por autoridades y empresas —bajo una especie de “aval tácito”.
Sin embargo, aquel 26 de septiembre la respuesta de las autoridades fue otra, ya que la policía municipal de Iguala atacó a los estudiantes —a bordo de los camiones— para evitar que salieran de la ciudad.
A más de 10 años de este caso, se identificó la participación de distintas corporaciones policiales junto con civiles integrantes de Guerreros Unidos —una organización criminal que operaba en Guerrero.
¿El saldo? 43 jóvenes desaparecidos, 6 personas —3 de ellas estudiantes normalistas— asesinadas y, al menos, 40 personas heridas.
¿Qué ha pasado con la investigación? Se dividió en, al menos dos etapas: en el sexenio de Enrique Peña Nieto cuya Procuraduría General de la República determinó que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados después de boicotear el informe de la alcaldesa de Iguala y de haber sido confundidos como Los Rojos, rivales de Guerreros Unidos.
La PGR llamó a todo esto la “verdad histórica”, investigación rechazada en el gobierno de AMLO.
Si bien con AMLO regresó el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y se creó una comisión dirigida por el entonces subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, lo cierto es que las investigaciones no mostraron un gran avance.
Y las preguntas acerca de la infiltración —en el caso de Julio César López Patolzin,— y monitoreo del ejército, así como los indicios de encubrimiento no fueron respondidas.
Exfuncionarios investigados
En este proceso, en la segunda etapa del caso en manos del gobierno, en el sexenio de AMLO se dio a conocer que exfuncionarios de alto nivel estaban siendo investigados por distintos delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Jesús Murillo Karam
En agosto de 2022, la FGR detuvo a Jesús Murillo Karam por los delitos de presunta desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El exprocurador pasó un tiempo en prisión hasta que por problemas de salud lo llevaron a distintos hospitales y después un tribunal dio el visto bueno para que la medida cautelar de prisión pasara a ser domiciliaria.
De esta manera, Karam sigue el proceso de investigación bajo prisión domiciliaria —con un grillete electrónico.
Tomás Zerón
El exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la ya desaparecida PGR tiene, al menos, dos órdenes de detención.
Una por los delitos de presunta alteración de pruebas, ocultamiento y presuntos actos de dirección en la primera investigación sobre el caso Ayotzinapa.
Otra orden fue publicada por presunta desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. Eso sucedió en 2021.
Sin embargo, desde 2019, Tomás Zerón está prófugo y hasta donde sabemos está en Israel.
De hecho, el gobierno de México solicitó la extradición del exfuncionario, quien dirigió una visita —no documentada— en las cercanías del río San Juan, en el municipio de Cocula, y que a través de un presunto montaje serviría para reforzar la “verdad histórica“.
Ángel Aguirre
Ángel Aguirre fue gobernador de Guerrero en el periodo de abril de 2011 a octubre de 2014.
A inicios de agosto de 2026, la FGR detuvo a Aguirre por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencia e información en el caso.
De acuerdo con las autoridades, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala captaron el momento en que el autobús donde viajaban los normalistas fue detenido por policías municipales y estatales.
Aunque en un inicio se afirmó que las imágenes no existían por supuestas fallas técnicas, dos testigos declararon que las grabaciones fueron sustraídas para ser entregadas a Ángel Aguirre… quien habría ordenado desaparecer cualquier evidencia relacionada con el caso.
Lambertina N
En 2014, Lambertina N era presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
11 años después, las autoridades cumplieron una orden de detención en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada y en contra de la administración de justicia cometido por un funcionario público.
Y es que, se explicó, la exjueza estaría relacionada con la desaparición de las grabaciones de las cámaras (12 y 15) del Palacio de Justicia de Iguala, claves para la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.
Leonardo Octavio Vázquez
En octubre de 2022, la FGR detuvo a Leonardo Octavio Vázquez, ex secretario de Seguridad de Guerrero durante el ataque contra los normalistas.
Militar en retiro, Vázquez fue acosado de presunta delincuencia organizada por supuestos vínculos con Guerreros Unidos.
José Luis Abarca
El empresario fue presidente Municipal de Iguala de 2012 a 2014 y justo inició un proceso en su contra por los delitos de secuestro y desaparición, aunque en 2022 fue absuelto. ¿La razón?
Un juez en Tamaulipas consideró que no había suficientes evidencias que demostraran la plena responsabilidad del exfuncionario en la desaparición de los normalistas. O sea, deficiencias en la investigación de la PGR.
Aunque esta sentencia chocó en su momento con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, que mostró mensajes donde Abarca —identificado como A1— habría ordenado el ataque contra los normalistas.
(En coordinación con líderes de Guerreros Unidos y autoridades y militares).
Las familias de los estudiantes presentaron un amparo contra esta resolución. Y, al final, en 2025 el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa confirmó la decisión de 2022.
Aun así, el ex presidente Municipal sigue en prisión por otros delitos, ya con sentencia como el asesinato del exsíndico Justino Carvajal Salgado.
O la investigación que se abrió en su contra por el secuestro de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, caso en el que frenó una sentencia de más de 90 años de cárcel.
María de los Ángeles Pineda
En 2014, las autoridades detuvieron a María de los Ángeles Pineda, junto con su pareja José Luis Abarca, prófugos en Iztapalapa, CDMX.
María de los Ángeles Pineda fue acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En 2024, un juez ordenó reponer su proceso. ¿Por qué? Su defensa presentó las copias de una sentencia que había determinado que Sidronio Casarrubias, exlíder de Guerreros Unidos, había sido torturado para que declarara en contra de ella y Abarca.
En 2023, el exlíder fue absuelto del delito de delincuencia organizada, ya que la FGR no pudo probar la existencia de Guerreros Unidos.
Más de 100 personas procesadas
De acuerdo con datos del Centro Prodh citados por Animal Político, 158 personas han sido procesadas por distintos relacionados con el caso.
Con corte a 2025, 120 seguían detenidas y de este grupo, 17 son integrantes de las Fuerzas Armadas.
