El pasado viernes, se difundió en redes un desplegado firmado por académicos e intelectuales en el que, a grandes rasgos, se acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de estarle dando en la mother a la libertad de expresión y a la democracia. Pues bien, a tal documento le salió ya respuesta.

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De acuerdo con el monero Rafael Barajas, uno de los promotores de la llamada “respuesta a los 650”, el desplegado que rebate a los dichos de académicos como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín ya fue firmado por más de 28 mil personas… de las cuales se desconoce su identidad, pues porque está cab**n enlistar tanta gente, suponemos.

En fin, dejando los números de lado, el texto titulado “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”, básicamente se dedica a desmentir cada una de las acusaciones que hicieron los 650 en su desplegado. Por ejemplo, se asegura que –contrario a lo que dicen los exfuncionarios, empresarios y académicos– “en los más de 21 meses  transcurridos  desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal”.

AMLO
Foto: Presidencia

En el documento firmado por supuestamente más de 28 mil personas, se la voltean a los 650, acusándolos de querer “suprimir el debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento”.

No ha habido ningún acto de censura, dicen “los 28 mil”

Uno de los señalamientos que se hicieron en el desplegado firmado por académicos e intelectuales hacía referencia a la reciente sanción que el gobierno federal hizo a la revista Nexos (dirigida por Aguilar Camín y en la que colaboran muchos de los críticos de AMLO). De acuerdo con el desplegado de los 650, dicha sanción administrativa puede tomarse como “una advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país”. La censura, pues.

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Sin embargo, en respuesta a esta acusación, se indica que lo que hace el gobierno federal no es castigar, sino revisar supuestos vínculos que existían entre el poder público y empresas privadas. De ahí que, en el caso de la Revista Nexos, la Secretaría de la Función Pública encontró la falsificación de un documento y procedió a imponer una sanción administrativa.

“Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo  acto de censura porque no lo ha habido”, se presume en el desplegado/respuesta ya difundido en redes sociales que concluye “celebrando y defendiendo” la postura que el Ejecutivo ha tomado respecto a la libertad de expresión y el estado de derecho en el país… y advirtiendo que el “monopolio de la opinión pública” de los firmantes del desplegado de los 650 “ya terminó y no volverá nunca”.

Y bueno, a esperar qué responden los aludidos.

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