Después de matar dos veces a “El Chayo” y de paso echarse a Enrique Plancarte –líderes de los Caballeros Templarios- gobierno y autodefensas michoacanas establecen acuerdos.
Iniciaron con ciertos roces, pero después se conocieron mejor y terminaron trabajando en conjunto, hasta el punto que ahora las autodefensas en Michoacán y el gobierno federal, representado por el comisionado Alfredo Castillo, acordaron el plazo para “limpiar la entidad del crimen organizado” y así comenzar con la regulación de los grupos civiles.
La fecha -no sabemos si fue casualidad o es para darle un bonito regalo a todas las madrecitas-, pero fue establecida para el 10 de mayo; a más tardar el Día de la Madres se pretende limpiar gran parte de territorio michoacano, y una vez logrado el objetivo, los grupos de autodefensa desaparecerán y quien quiera seguir en lucha podrá legalizarse:
“Se abre la opción para que los ciudadanos de grupos organizados se incorporen a un nuevo cuerpo de Policía Rural para brindar protección a sus comunidades de manera legal”, señala el boletín de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
Los líderes de las autodefensas calificaron como “provechosa” la reunión sostenida en el nuevo penal de Apatzingán. “Es la mejor reunión que hemos tenido”, señaló Estanislao Beltrán, vocero del movimiento, quien también desconoció la información ofrecida por algunos medios, en relación a que uno de los puntos alcanzados en la reunión fue el deponer las armas: “no sé de dónde han sacado eso, jamás se habló de desarme”.
Al respecto ahondó José Manuel Mireles: “ahora sí podremos ya desplazarnos sin temor a que seamos desarmados, aunque sin utilizar armas de grueso calibre, como el Barret 40, 50 o 60, lanzagranadas y ese tipo de armas que decomisamos al crimen organizado durante más de un año de lucha”.
Con este acuerdo, los grupos de autodefensa en Michoacán serán reclutados, seleccionados y maleados capacitados por la Secretaría de Seguridad Pública local. Además, cada elemento se obligará a registrar sus armas ante la Sedena “determinando su portación y uso, según lo establezcan los parámetros legales”.
Por otra parte, el comisionado Alfredo Castillo se comprometió a gestionar programas sociales y apoyos a viudas y huérfanos de este conflicto, así como el traslado al penal de Apatzingán de los elementos de autodefensas que en su momento hayan sido detenidos por portar armas; no obstante, si fueron procesados por delitos graves, continuarán con su proceso penal.