Ante la posibilidad de que Elba Esther Gordillo obtenga su libertad en tres meses, se dio a conocer que un juez federal libró una nueva orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y le autorizaron una salida del penal para practicarle estudios maxilofaciales
Esta es la tercera acusación que presenta la PGR contra la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y se suma a las de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La averiguación concedida por el juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, se sustenta en pruebas que presuntamente acreditan que Elba Esther no declaró ante el fisco en 2008 los ingresos que realmente obtuvo.
A fines de septiembre pasado, luego de conocerse el otorgamiento de tres amparos a Gordillo, la PGR informó que impugnaría la resolución ante un tribunal federal. La dependencia consideró que la decisión estaba basada en argumentos “endebles y sin consistencia jurídica”.
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera autorizó el traslado de Gordillo a hospital, porque al perrito le duele la muela Gordillo requiere estudios maxilofaciales especializados y el sistema penitenciario capitalino no tiene la infraestructura para realizarlos.
El mandatario capitalino explicó que la defensa de la ex lideresa sindical solicitó al Gobierno del Distrito Federal se le practicaran dichas pruebas médicas especializadas, para las cuales, dijo, el sistema penitenciario capitalino no cuenta con la infraestructura para realizarlos, enfatizó que es un tema “estrictamente” de salud.
“Hay una petición formulada por la defensa, por el cuerpo de asesores de la maestra, donde se plantea la necesidad de que se le realicen estudios maxilofaciales especializados.
Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero pasado por agentes de la PGR después de más de dos décadas de dirigir el SNTE, la organización gremial más grande de América Latina con casi 1 millón 700,000 afiliados. La detención realizada en el aeropuerto de Toluca fue justificada bajo cargos de desvío de 2,600 millones de pesos de dos cuentas del magisterio a cuentas privadas en Suiza y Liechtenstein.