Tras dos años de debate en el Congreso, el Senado de la República aprobó por unanimidad, en lo general, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con esto se busca debilitar las bases financieras de las organizaciones criminales impidiendo el lavado de dinero.
Cristina Díaz, la presidenta de la Comisión de Gobernación, señaló, basándose en un estudio realizado por la Cámara de Diputados, que
el lavado de dinero en el mundo representa entre 500 mil y 1.5 billones de dólares, y el Congreso de Washington indicó que fluyen desde Estados Unidos a grupos criminales en México cada año entre 19 mil y 29 mil millones de dólares.
Por su parte, Alejandro Encinas resaltó que las organizaciones criminales, especialmente las vinculadas al narcotráfico, lavaron el equivalente
a 82 por ciento (3 billones de pesos) del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año. Cada cártel de la droga sería 15 veces más rentable que el Grupo Carso, y al mismo tiempo el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que el sistema financiero en nuestro país es la principal fuente de blanqueo de capitales.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda sólo denunció 197 casos de lavado de dinero.
Frente a este problema, que, como se ve, es bastante preocupante, la ley constituye una base para supervisar cualquier acción sospechosa en aquellas “actividades vulnerables” al lavado de dinero. En dado caso que el dinero involucrado supere una cierta cantidad predeterminada y sea en efectivo (esto porque las operaciones vinculadas al tráfico ilegal siempre se realizan en efectivo), se deberá de reportar el evento a la Secretaría de Hacienda.
Juegos de apuestas y sorteos cuando superen la cantidad de 40 mil 202 pesos.
Compraventa de joyas, metales preciosos, relojes y obras de arte cuado superen los 300 mil pesos.
Compraventa de inmuebles cuando superen el millón de pesos.
En el caso de las operaciones que se realicen a través de tarjetas de débito, crédito, prepagadas, se reportarán aquellas que superen los 300 mil pesos. Además, cualquier compraventa de vehículos motorizados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres tendrá que ser notificada.
Junto con estas restricciones, el texto especifica la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), como el organismo especializado para la detección y análisis de transacciones financieras.
¿Cuáles serán los castigos?
Para aquellos que se nieguen a cumplir con lo que dicten las autoridades, se les impondrá una multa de 12 mil 400 a 124 mil 600 pesos.
Para quien no notifique a Hacienda será de 623 mil a 4 millones y medio de pesos o 10% del valor de la operación.
Para quien dé información, documentación, datos o imágenes falsas será de 2 a 8 años de prisión.
Para los servidores públicos que utilicen deshonestamente la información será de 4 a 10 años.
Como ven, las cosas se están poniendo interesantes en el Senado. Además de aprobar esta ley, los senadores están en pleno debate sobre la reforma a la ley laboral. Los miembros del PAN y de los partidos de izquierda han formado un bloque con el fin de que se mantengan las reformas sindicales, contra el conjunto de senadores PRI-PVEM. Veremos qué pasa las siguientes semanas, que el tiempo límite para aprobar la reforma se está terminando.